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  • Aspectos legales básicos de la venta online: claves para no perderse

    22, Ene, 2019 | Nuevas Tecnologías | Claves legales de venta online

    1. Introducción.

    El comercio electrónico está en auge. Durante la última década no ha dejado de crecer de forma exponencial, hasta convertirse hoy en una realidad tan sólida como el comercio tradicional y a la que aún le queda por delante un largo recorrido.

    Ante este crecimiento, que lleva consigo un cambio radical tanto en la forma de entender el comercio como en los hábitos de compra del consumidor, cada vez son más los empresarios que se plantean dar el salto e introducirse en el sector de la venta online.

    Sin embargo, para tener éxito en este nuevo contexto es de vital importancia conocer los aspectos legales básicos que se deben tener en cuenta a la hora de iniciar la aventura empresarial. En este artículo trataremos de aproximarnos a ellos de la manera más somera pero eficaz posible.

    2. Normas fundamentales

    A la hora de considerar el marco legal en el que se va a desarrollar un negocio de venta online en nuestro país, hay que detenerse en tres textos fundamentales:

    a) Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

    Esta norma, en adelante TRLGDCU, constituye en su redacción vigente una de las normas de referencia a la hora de implementar cualquier negocio de venta online.

    Su Título I recoge las disposiciones generales relativas a los derechos básicos de consumidores y usuarios. Entre ellas, cabe destacar el deber de ofrecer información clara y exhaustiva al consumidor (sobre las características y riesgos del producto, el precio final del mismo o los criterios para su determinación, la identificación del responsable de la oferta comercial, los plazos de entrega, etc…).

    El Libro Segundo de esta norma se ocupa de los “contratos y garantías”, un ámbito dentro del cual cobran especial relevancia, por su especificidad, las disposiciones relativas a los contratos celebrados a distancia (artículos 92 y siguientes de la Ley).

    Entre la amplia carta de obligaciones que este texto imponen al comerciante online, hay que prestar especial atención a los deberes de información al consumidor. Entre ellos debemos destacar el deber de información del derecho de desistimiento y el de ofrecer una completa información precontractual. En este ámbito, la carga de la prueba corresponderá siempre al empresario, que habrá de informar al consumidor, de forma clara y comprensible, sobre las características del producto, identidad y contacto del empresario, precio total del producto, tasas, gastos adicionales, procedimientos de pago, entrega y ejecución, plazos de entrega, garantías, asistencia posventa, etc…). Resulta también fundamental la necesidad de contar con el consentimiento expreso del consumidor.

    b) Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI):

    Siendo su objeto la regulación del régimen jurídico de los servicios de la sociedad de la información y de la contratación por vía electrónica (art. 1 de la Ley), esta norma constituye otro de los textos legales básicos a considerar, estableciendo una regulación específica complementaria al ya comentado TRLGDCU.

    Además de consagrar el principio de la libre prestación de servicios, la LSSI nuevamente hace hincapié en los deberes de información del prestador de servicios. Entre otros, determina que deberán facilitarse de forma clara y accesible al usuario datos suficientes de identificación del prestador (nombre o denominación social, contacto, NIF, autorizaciones administrativas y datos de colegiación en su caso, etc.), información acerca de los precios de los productos, gastos de envío, etc… Se entenderá cumplido este deber de información cuando ésta aparezca de forma accesible en el sitio web.

    La misma ley exige también en su Título III, relativo a las comunicaciones comerciales por vía electrónica, que las mismas se identifiquen claramente como tales. También debe quedar claro quién es la persona física o jurídica en cuyo nombre se realizan, y se prohíbe el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por vía electrónica cuando los destinatarios de éstas no las hubieran solicitado o autorizado de forma expresa. Estos destinatarios, además, tendrán derecho en todo momento a revocar el consentimiento prestado, para lo cual deben ponerse a su disposición procedimientos sencillos y gratuitos a tal efecto.

    El art. 22.2 de esta ley se refiere expresamente al almacenamiento y recuperación de datos en equipos terminales de los destinatarios (o cookies), y exige para su uso información previa, clara y completa sobre los fines de la utilización de los datos y previo consentimiento expreso del usuario.

    Especial consideración merece el Título IV, relativo a la contratación por vía electrónica, y en particular sus artículos 27 y 28, relativos a las obligaciones previas al procedimiento de contratación (trámites a seguir para la celebración del contrato, si el mismo se archivará y será accesible, lengua o lenguas en las que podrá formalizarse, etc…) y a los deberes de información post contractual (fundamentalmente, obligación del oferente a confirmar la recepción de la aceptación).

    c) Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales:

    Tras la entrada en vigor el pasado 25 de mayo del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, Reglamento General de Protección de Datos o RGPD), el pasado día 6 de diciembre de 2018 fue publicada en el BOE (en vigor desde el día 7 del mismo mes), la Ley Orgánica 3/2018, que deroga la longeva y consabida Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y que tiene como finalidad primordial adaptar la legislación estatal a la normativa europea.

    Sin perjuicio de que por su indudable trascendencia e implicaciones habría de profundizarse mucho más en la materia, como aproximación a las novedades más relevantes con efectos directos en el ámbito que nos ocupa merecen especial mención las relativas a la necesidad de consentimiento expreso, informado, libre e inequívoco de permitir el tratamiento de datos (la edad mínima para prestar el consentimiento será de 14 años, salvo autorización del titular de la patria potestad), la posibilidad de presentar la información “por capas” (el artículo 11 de la Ley establece que podrá facilitarse inicialmente cierta información básica -identidad del responsable del tratamiento de datos, finalidad del mismo y derechos del afectado- siempre que se facilite también el acceso sencillo e inmediato al resto de información) y la regulación, junto a los ya conocidos derechos de acceso y rectificación, del derecho a la supresión (“derecho al olvido”, art. 15). La norma también regula la limitación del tratamiento de los datos (art. 16), el derecho a la portabilidad (art. 17) o el de oposición (art. 18), todos ellos con remisión expresa a los preceptos correlativos del RGPD (que adquiere por tanto vital relevancia como texto complementario) y la instauración, garantía y protección de diversos derechos digitales (Título X de la Ley).

    3. Conclusión

    Teniendo en cuenta que, en todo caso, siempre es recomendable consultar con un especialista que conozca en profundidad los pormenores legales del sector, los tres textos legales citados resultan básicos y es imprescindible tener sus disposiciones muy presentes a la hora de comenzar la andadura de todo negocio on-line. Todos ellos se inspiran y descansan, en esencia, sobre la misma idea: la más absoluta transparencia y la obligación de ofrecer información exhaustiva, clara y accesible al consumidor.

    Silvia Martínez | Socia LEAN Abogados

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