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  • ¿Qué créditos se cobran antes en un concurso de acreedores?

    24, Ene, 2019 | Derecho Concursal | Créditos concurso acreedores

    Llegados al concurso de acreedores, la calificación de los créditos de esos acreedores resulta clave para determinar quién o quiénes van a cobrar antes sus deudas contra la sociedad concursada.

    Esa calificación a la que hacemos referencia comienza por una división en la categoría de los créditos, la que diferencia éstos entre créditos concursales y créditos contra la masa.

    Los créditos concursales son los que conforman la masa pasiva de la sociedad. Es decir, todas aquellas deudas que arrastra el concursado a raíz de su actividad y que existen con carácter previo a la propia declaración de concurso.

    Los créditos contra la masa son, por el contrario, todos aquellos gastos o deudas que se han generado después de que se declare el concurso de acreedores, más aquellos que recoge expresamente el artículo 84.2 de la Ley Concursal. Estos son algunos de los más relevantes:

    1. Los créditos por salarios por los últimos treinta días de trabajo efectivo anteriores a la declaración de concurso y en cuantía que no supere el doble del salario mínimo interprofesional.
    2. Los de costas y gastos judiciales necesarios para la solicitud y la declaración de concurso, la adopción de medidas cautelares, la publicación de las resoluciones judiciales previstas en esta ley, y la asistencia y representación del concursado y de la administración concursal durante toda la tramitación del procedimiento y sus incidentes, cuando su intervención sea legalmente obligatoria o se realice en interés de la masa, hasta la eficacia del convenio o, en otro caso, hasta la conclusión del concurso, con excepción de los ocasionados por los recursos que interpongan contra resoluciones del juez cuando fueren total o parcialmente desestimados con expresa condena en costas.
    3. Los de costas y gastos judiciales ocasionados por la asistencia y representación del deudor, de la administración concursal o de acreedores legitimados en los juicios que, en interés de la masa, continúen o inicien conforme a lo dispuesto en esta Ley, salvo lo previsto para los casos de desistimiento, allanamiento, transacción y defensa separada del deudor y, en su caso, hasta los límites cuantitativos en ella establecidos.
    4. Los de alimentos del deudor y de las personas respecto de las cuales tuviera el deber legal de prestarlos, conforme a lo dispuesto en esta ley sobre su procedencia y cuantía así como, en toda la extensión que se fije en la correspondiente resolución judicial posterior a la declaración del concurso, los de los alimentos a cargo del concursado acordados por el juez de primera instancia en alguno de los procesos a que se refiere el título I del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Tendrán también esta consideración los créditos de este tipo devengados con posterioridad a la declaración del concurso cuando tengan su origen en una resolución judicial dictada con anterioridad.
    5. Los generados por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, incluyendo los créditos laborales, comprendidas en ellos las indemnizaciones de despido o extinción de los contratos de trabajo, así como los recargos sobre las prestaciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral, hasta que el juez acuerde el cese de la actividad profesional o empresarial, o declare la conclusión del concurso. Los créditos por indemnizaciones derivadas de extinciones colectivas de contratos de trabajo ordenados por el juez del concurso se entenderán comunicados y reconocidos por la propia resolución que los apruebe, sea cual sea el momento.

    Si resulta crucial distinguir entre ambos tipos de créditos es por el momento en que unos y otros se pueden cobrar.  Los créditos contra la masa –recordemos, aquellos generados a partir de la declaración de concurso- tienen prioridad sobre los créditos concursales. Eso quiere decir que, una vez la sociedad esté concursada, cualquier activo que entre en el concurso se dedicará directamente a satisfacer los créditos contra la masa de forma prorrateada. Sólo cuando los créditos contra la masa han sido satisfechos se atienden los créditos concursales.

    Por otro lado, y a diferencia de lo que sucede en los créditos contra la masa (que se satisfacen de manera prorrateada), en los concursales sí hay un orden de pago. Lo establece la Ley Concursal, que distingue entre las siguientes categorías de créditos:

    • Créditos privilegiados
    • Créditos ordinarios
    • Créditos subordinados

    1. Créditos privilegiados

    Se cobran inmediatamente después de los créditos contra la masa. Y se les da tal consideración por razones jurídicas o de interés general. Dentro de los créditos privilegiados también hay categorías:

    a) Créditos con privilegio especial

    Los recoge el artículo 90 de la Ley Concursal. Son los siguientes:

    • Los créditos garantizados con hipoteca voluntaria o legal, inmobiliaria o mobiliaria, o con prenda sin desplazamiento, sobre los bienes o derechos hipotecados o pignorados.
    • Los créditos garantizados con anticresis, sobre los frutos del inmueble gravado.
    • Los créditos refaccionarios, sobre los bienes refaccionados, incluidos los de los trabajadores sobre los objetos por ellos elaborados mientras sean propiedad o estén en posesión del concursado.
    • Los créditos por contratos de arrendamiento financiero o de compraventa con precio aplazado de bienes muebles o inmuebles, a favor de los arrendadores o vendedores y, en su caso, de los financiadores, sobre los bienes arrendados o vendidos con reserva de dominio, con prohibición de disponer o con condición resolutoria en caso de falta de pago.
    • Los créditos con garantía de valores representados mediante anotaciones en cuenta, sobre los valores gravados.
    • Los créditos garantizados con prenda constituida en documento público, sobre los bienes o derechos pignorados que estén en posesión del acreedor o de un tercero. Si se tratare de prenda de créditos, bastará con que conste en documento con fecha fehaciente para gozar de privilegio sobre los créditos pignorados.

     

    b) Créditos con privilegio general

    Se abonan después de que hayan sido satisfechos los créditos con privilegio especial. Los recoge el artículo 91 de la Ley Concursal:

    • Los créditos por salarios que no tengan reconocido privilegio especial, en la cuantía que resulte de multiplicar el triple del salario mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago, las indemnizaciones derivadas de la extinción de los contratos, en la cuantía correspondiente al mínimo legal calculada sobre una base que no supere el triple del salario mínimo interprofesional, las indemnizaciones derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional, devengados con anterioridad a la declaración de concurso. Igual privilegio ostentarán los capitales coste de Seguridad Social de los que sea legalmente responsable el concursado, y los recargos sobre las prestaciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral, siempre que sean devengadas con anterioridad a la declaración de concurso.
    • Las cantidades correspondientes a retenciones tributarias y de Seguridad Social debidas por el concursado en cumplimiento de una obligación legal.
    • Los créditos de personas naturales derivados del trabajo personal no dependiente y los que correspondan al propio autor por la cesión de los derechos de explotación de la obra objeto de propiedad intelectual, devengados durante los seis meses anteriores a la declaración del concurso.
    • Los créditos tributarios y demás de Derecho público, así como los créditos de la Seguridad Social que no gocen de privilegio especial conforme al apartado 1 del artículo 90, ni del privilegio general del número 2.º de este artículo. Este privilegio podrá ejercerse para el conjunto de los créditos de la Hacienda Pública y para el conjunto de los créditos de la Seguridad Social, respectivamente, hasta el cincuenta por ciento de su importe.
    • Los créditos por responsabilidad civil extracontractual. No obstante, los daños personales no asegurados se tramitarán en concurrencia con los créditos recogidos en el número 4.º de este artículo.
    • Los créditos en concepto de responsabilidad civil derivada de delito contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social.
    • Los créditos que supongan nuevos ingresos de tesorería concedidos en el marco de un acuerdo de refinanciación que reúna las condiciones previstas en el artículo 71.6 y en la cuantía no reconocida como crédito contra la masa.
    • Los créditos de que fuera titular el acreedor a instancia del cual se hubiere declarado el concurso y que no tuvieren el carácter de subordinados, hasta el cincuenta por ciento de su importe.

    2. Créditos ordinarios

    Son aquellos créditos que no encajan dentro de la categoría de los privilegiados ni los subordinados. Normalmente, no cuentan con ninguna garantía. Se cobran después de los créditos contra la masa y de los créditos privilegiados, pero antes de los subordinados. La mayoría de créditos de un concurso encajará normalmente dentro de esta categoría. Es un crédito ordinario, por ejemplo, una factura impagada a un proveedor.

    3. Créditos Subordinados

    Son los últimos en ser atendidos. Las razones para su postergación son:

    a)Su comunicación tardía
    b) Su naturaleza sancionadora
    c) Su carácter accesorio
    d) La condición personal de sus titulares, por ser personas especialmente relacionadas con el concursado

    El artículo 92 de la Ley Concursal recoge la clasificación de estos créditos. Son subordinados:

    • Los créditos que, habiendo sido comunicados tardíamente, sean incluidos por la administración concursal en la lista de acreedores, así como los que, no habiendo sido comunicados, o habiéndolo sido de forma tardía, sean incluidos en dicha lista por comunicaciones posteriores o por el juez al resolver sobre la impugnación de ésta. No quedarán subordinados por esta causa, y serán clasificados según corresponda, los créditos del artículo 86.3, los créditos cuya existencia resultare de la documentación del deudor, los que consten en documento con fuerza ejecutiva, los créditos asegurados con garantía real inscrita en registro público, los que constaren de otro modo en el concurso o en otro procedimiento judicial, y aquellos otros para cuya determinación sea precisa la actuación de comprobación de las Administraciones públicas.
    • Los créditos que por pacto contractual tengan el carácter de subordinados respecto de todos los demás créditos contra el deudor.
    • Los créditos por recargos e intereses de cualquier clase, incluidos los moratorios, salvo los correspondientes a créditos con garantía real hasta donde alcance la respectiva garantía.
    • Los créditos por multas y demás sanciones pecuniarias.
    • Los créditos de que fuera titular alguna de las personas especialmente relacionadas con el deudor a las que se refiere el artículo siguiente, excepto los comprendidos en el artículo 91.1.º cuando el deudor sea persona natural y los créditos diferentes de los préstamos o actos con análoga finalidad de los que sean titulares los socios a los que se refiere el artículo 93.2.1.º y 3.º que reúnan las condiciones de participación en el capital que allí se indican.
    • Se exceptúan de esta regla los créditos por alimentos nacidos y vencidos antes de la declaración de concurso que tendrán la consideración de crédito ordinario.
    • Los créditos que como consecuencia de rescisión concursal resulten a favor de quien en la sentencia haya sido declarado parte de mala fe en el acto impugnado.
    • Los créditos derivados de los contratos con obligaciones recíprocas a que se refieren los artículos 61, 62, 68 y 69, cuando el juez constate, previo informe de la administración concursal, que el acreedor obstaculiza de forma reiterada el cumplimiento del contrato en perjuicio del interés del concurso.

    Como hemos visto, la Ley Concursal detalla pormenorizadamente qué créditos deben englobarse dentro de qué categoría y cuáles de ellos serán atendidos antes o después. En cualquier caso, el lugar que ocupe cada una de las deudas de la sociedad concursada depende fundamentalmente de la clasificación que le otorgue el administrador concursal. De la decisión de éste dependerán en gran medida sus posibilidades de satisfacción.

    LEAN Abogados

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