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  • Accidentes laborales: ¿Cómo se distribuye la responsabilidad de la indemnización cuando hay más de una empresa implicada?

    11, Abr, 2019 | Derecho Laboral | Accidentes laborales indemnización

    1. Antecedentes y regulación normativa

    El recargo de prestaciones ante un accidente de trabajo o enfermedad profesional viene regulado en el art. 164 Real Decreto Legislativo 8/2015, Ley General de la Seguridad Social, como refuerzo en la protección de los trabajadores cuando el accidente o enfermedad acontece como consecuencia del incumplimiento empresarial en materia preventiva. Ese texto establece un incremento en las prestaciones que tengan su causa en el accidente entre un 30% y un 50%, según la gravedad, que recae directamente sobre el empresario.

    Esta figura jurídica es de naturaleza especial. Por un lado, tiene un claro componente sancionador, ya que no puede ser objeto de aseguramiento y se imputa de forma exclusiva al patrimonio del empresario infractor. Por otro lado, su carácter es claramente indemnizatorio ya que compensa al trabajador más allá de la prestación propia de la Seguridad Social.

    Ahora bien, ¿qué sucede cuando una empresa es condenada junto con otra al abono del recargo de prestaciones en base a la solidaridad en la responsabilidad del accidente laboral prevista en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales porque en un mismo centro de trabajo desarrollan actividades trabajadores de ambas empresas y una de ellas o bien abona la totalidad del recargo, o bien entiende que su incumplimiento en materia de prevención es menor que el de la otra empresa condenada y, por tanto, su contribución causal al accidente es de menor índole?

    Es decir, ¿existe la posibilidad de delimitar dentro de la solidaridad existente entre las dos empresas parte en el procedimiento laboral en qué proporción le corresponde asumir la indemnización a cada una de ellas?

    2. Concepto legal

    El derecho de repetición del que ha pagado frente a otro responsable solidario que no lo ha hecho encuentra su fundamento legal en lo dispuesto en el párrafo segundo del art. 1.145 del Código Civil: “El que hizo el pago solo puede reclamar de sus codeudores la parte que a cada uno corresponda, con los intereses del anticipo”.

     Así, entre los deudores solidarios rige la mancomunidad y desaparece la solidaridad inicial, lo que implica, como nos aclara la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 4 de enero de 1999, no una subrogación del que paga (relación ex extra) en la posición jurídica del acreedor, sino el nacimiento del derecho de regreso frente al codeudor (relación ad intra). Esta relación interna entre las mercantiles responsables es lo que se debe juzgar en un nuevo procedimiento, esta vez ante la jurisdicción civil, al tratarse de una relación entre empresas. Esta relación interna no está regulada por las normas laborales de prevención de riesgos, sino que ha de ser resuelta con criterios jurídico-civiles.

     La jurisprudencia ha sido siempre muy clara al permitir a los condenados solidariamente en un proceso anterior acudir a otro posterior en ejercicio de la acción de regreso, distinta de la subrogación, para debatir la distribución entre ellos del contenido de la obligación, a tenor de la regla general del artículo 1137 del Código Civil (sentencias de 12 de julio de 1995 y 4 de enero de 1999, citadas por otra de 26 de junio de 2008).

    La sentencia del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2008 añade que del engarce entre el párrafo segundo del artículo 1145 y los artículos 1137 y 1138 del Código Civil se extrae la conclusión de que mientras para las relaciones externas entre acreedor (perjudicado) y deudores (responsables civiles) cada uno de éstos últimos es deudor por entero, para las relaciones internas entre deudores, en cambio, debe dividirse la deuda entre todos ellos, en principio por partes igualesse presumirán divididos» dice literalmente el Código Civil). Esta presunción legal, no obstante, puede destruirse mediante prueba en contrario.

    3. Supuestos

    El supuesto más normal es cuando, satisfecha la condena impuesta por uno solo o varios de todos los condenados solidariamente en un proceso laboral anterior, aquel o aquellos que cumplieron con el total de la deuda acuden a otro procedimiento posterior en ejercicio de la acción de reembolso o regreso para debatir la distribución del contenido de la obligación entre todos los intervinientes en la producción del accidente. Desaparece entonces la solidaridad que rige en las relaciones externas, frente al perjudicado acreedor, para pasar a regir en las internas (entre deudores solidarios) la mancomunidad.

    La sentencia del Tribunal Supremo de 19 junio 1989, señala a su vez que ” la responsabilidad solidaria reconocida frente al acreedor (…) puede generar consecuencias de determinación cualitativa y cuantitativa responsabilizadora, según el grado o módulo de ésta, entre los acreedores solidarios, y a dilucidar entre ellos en su caso con base en lo normado en el párrafo segundo del artículo 1.145 del Código Civil y previa la destrucción de la presunción de igualdad que previene el artículo 1.138 del mismo Cuerpo legal sustantivo, y a cuya proporcionalidad responsabilizadora es ajena la indicada entidad acreedora demandante, puesto que ésta ante los deudores responsabilizados solidariamente tiene la garantía personal que supone la solidaridad, sin necesidad de que le afecte el fraccionamiento que pudiese corresponder a dicha responsabilidad solidaria entre los deudores por ella afectados“.

    4. Conclusiones

    En definitiva, nuestro ordenamiento jurídico prevé la posibilidad de ejercitar una acción de repetición y determinación de responsabilidad fuera del procedimiento laboral cuando una o varias empresas asumen la totalidad del recargo de prestaciones frente a otras empresas igualmente responsables en la producción de un accidente laboral que no hayan asumido su porcentaje de responsabilidad. En ese nuevo procedimiento  judicial se determinará el porcentaje de responsabilidad de cada una de las empresas, partiendo siempre de  la presunción por mitad que recoge el artículo 1.138 del Código Civil.

    ¿Puede la externalización ser entendida como una de las causas organizativas que justifican la extinción de contratos de acuerdo con el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores? Normalmente, no. El Tribunal Supremo exige para aceptar ese supuesto la demostración de que la contrata es un medio para asegurar la viabilidad de la empresa. Es decir, que no sea sólo una herramienta más de gestión destinada a incrementar el beneficio empresarial.

    Sin embargo, en sentido contrario, la pérdida de una contrata sí permite -también de acuerdo a lo establecido por el Tribunal Supremo- justificar un despido objetivo por causas productivas. La razón es el desequilibrio sobrevenido entre los medios de los que dispone la empresa y sus necesidades reales.

    Esto responde al criterio sostenido por la jurisprudencia según el cual, si el empresario prueba que se han producido alteraciones en su actividad que le obligan a reducir la producción (sea de bienes o de servicios), eso es en sí mismo una causa productiva que justifica la extinción de aquellos contratos de trabajo que se deban amortizar.

    Enrique Rodríguez Sánchez

    Socio | LEAN Abogados

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