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    El divorcio de mutuo acuerdo, la mejor alternativa

    Ante preguntas como “¿Cuánto cuesta divorciarse?” o “¿Cómo divorciarse en España?”, lo primero que hay que hacer es responder con otra pregunta: “¿Existe un acuerdo entre ambas partes?”. El divorcio de mutuo acuerdo es el procedimiento más rápido y sencillo para disolver el vínculo matrimonial. La ley de divorcio actual permite que cualquier pareja presente una demanda de divorcio de mutuo acuerdo transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio. Este modelo, a diferencia del contencioso o aquel que no es de mutuo acuerdo, reduce considerablemente los tiempos y trámites de divorcio y directa o indirectamente influye en el aspecto económico.

    La simple presentación de la demanda y del convenio regulador de divorcio pone en marcha este proceso, que no requiere la celebración de vista judicial.

    La ley de divorcio no exige una separación de mutuo acuerdo previa hoy en día. A partir del tercer mes de matrimonio, si una pareja está preguntándose cómo divorciarse, el proceso es sencillo. El primer paso, como hemos comentado antes, es acudir al juzgado de primera instancia del lugar del último domicilio conyugal, en el caso de que la pareja aún viva junta, o de cualquiera de los dos, en el caso de que esté ya separada, y presentar la demanda de divorcio firmada por ambos o por uno de los cónyuges con el consentimiento del otro.

    Sin embargo, a pesar de esa falta de exigencia legal, el mutuo acuerdo sí simplifica mucho los trámites.

    Si han pactado los términos de su separación, los cónyuges deberán presentar un convenio regulador de mutuo acuerdo: ese es el documento que regula todos los aspectos y las consecuencias jurídicas que va a conllevar el divorcio. La exhaustividad del modelo de convenio regulador será reflejo de la intención de ambas partes de establecer un marco de coexistencia posterior. Siempre será más sencillo cuando se trata de un divorcio sin hijos que cuando lo es con ellos, especialmente en el caso de que sean menores. Los puntos por los que pasa el convenio son:

     

    • La liquidación del régimen económico del matrimonio
    • La atribución del uso de la vivienda familiar y del ajuar, que el juez aprobará siempre que no perjudique a ninguno de los dos cónyuges y anteponiendo los intereses de los hijos menores
    • La pensión compensatoria que pudiera corresponder a uno de los cónyuges. La intención de este apartado no es igualar a los cónyuges, si no compensar el perjuicio económico que la separación o el divorcio ocasionan en el nivel de vida de una de las partes frente a la otra. Se establece con una cantidad monetaria que un cónyuge paga al otro, de manera que pueda volver a la situación laboral y económica que tendría de no haberse extinguido el matrimonio.
    • Contribución a las cargas del matrimonio

    Ante preguntas como “¿Cuánto cuesta divorciarse?” o “¿Cómo divorciarse en España?”, lo primero que hay que hacer es responder con otra pregunta: “¿Existe un acuerdo entre ambas partes?”. El divorcio de mutuo acuerdo es el procedimiento más rápido y sencillo para disolver el vínculo matrimonial. La ley de divorcio actual permite que cualquier pareja presente una demanda de divorcio de mutuo acuerdo transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio. Este modelo, a diferencia del contencioso o aquel que no es de mutuo acuerdo, reduce considerablemente los tiempos y trámites de divorcio y directa o indirectamente influye en el aspecto económico.

    La simple presentación de la demanda y del convenio regulador de divorcio pone en marcha este proceso, que no requiere la celebración de vista judicial.

    La ley de divorcio no exige una separación de mutuo acuerdo previa hoy en día. A partir del tercer mes de matrimonio, si una pareja está preguntándose cómo divorciarse, el proceso es sencillo. El primer paso, como hemos comentado antes, es acudir al juzgado de primera instancia del lugar del último domicilio conyugal, en el caso de que la pareja aún viva junta, o de cualquiera de los dos, en el caso de que esté ya separada, y presentar la demanda de divorcio firmada por ambos o por uno de los cónyuges con el consentimiento del otro.

    Sin embargo, a pesar de esa falta de exigencia legal, el mutuo acuerdo sí simplifica mucho los trámites.

    Si han pactado los términos de su separación, los cónyuges deberán presentar un convenio regulador de mutuo acuerdo: ese es el documento que regula todos los aspectos y las consecuencias jurídicas que va a conllevar el divorcio. La exhaustividad del modelo de convenio regulador será reflejo de la intención de ambas partes de establecer un marco de coexistencia posterior. Siempre será más sencillo cuando se trata de un divorcio sin hijos que cuando lo es con ellos, especialmente en el caso de que sean menores. Los puntos por los que pasa el convenio son:

     

    • La liquidación del régimen económico del matrimonio
    • La atribución del uso de la vivienda familiar y del ajuar, que el juez aprobará siempre que no perjudique a ninguno de los dos cónyuges y anteponiendo los intereses de los hijos menores
    • La pensión compensatoria que pudiera corresponder a uno de los cónyuges. La intención de este apartado no es igualar a los cónyuges, si no compensar el perjuicio económico que la separación o el divorcio ocasionan en el nivel de vida de una de las partes frente a la otra. Se establece con una cantidad monetaria que un cónyuge paga al otro, de manera que pueda volver a la situación laboral y económica que tendría de no haberse extinguido el matrimonio.
    • Contribución a las cargas del matrimonio

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    A lo que, en caso de tener hijos, se añadiría:

    • El cuidado de los hijos. Se regulará todo lo relacionado con:
      • La patria potestad. El cuidado de los hijos y tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral, así como la representación y administración de sus bienes.
      • La guarda y custodia. Son aquellos derechos y obligaciones relativos al cuidado de los menores, y en especial el derecho a decidir sobre su lugar de residencia. Puede ejercerla uno de los progenitores, ambos o una tercera persona. Los criterios que empleará el juez para decidir son:
        • El interés superior de los menores
        • El resultado del informe del equipo psicosocial de los juzgados. Será un informe pericial no vinculante desarrollado por un psicólogo y un trabajador social que entrevistando a los padres y a los menores realizan pruebas diagnósticas.
        • El derecho de audiencia de los menores, mayores de doce años, por el que las medidas judiciales sobre el cuidado y educación serán adoptadas tras oírles si tuvieren suficiente juicio
        • El principio de no separar a los hermanos
        • La edad de los menores
        • El tiempo de que disponen los progenitores
        • El lugar de residencia
      • El régimen de comunicación y visitas del cónyuge que no tenga la custodia, así como el de los abuelos con los nietos.
      • La pensión de alimentos de los hijos, que deberá reflejar las actualizaciones que correspondan. La pensión continúa mientras se estén formando los hijos mayores de edad y no tengan recursos económicos

    Si se quisiese modificar un convenio regulador ya aprobado en sede judicial, no bastaría con el simple acuerdo entre las partes. Sería necesario iniciar la correspondiente acción de modificación de medidas cuando se alteren sustancialmente las circunstancias con posterioridad a la sentencia que las fijó. Esto sucederá, por ejemplo, en los siguientes casos:

    • Un cambio objetivo de la situación contemplada al tiempo de establecer la medida que se intenta modificar. Las condiciones personales y patrimoniales de las partes, sobre las que se basan los efectos, deben resultar afectadas cualitativa y cuantitativamente.
    • Que dicho cambio afecte de manera considerable a la esencia de la medida, y no a factores secundarios.
    • Que la expresada alteración no sea temporal. Debe mostrar cierta permanencia en el tiempo.
    • Que el cambio sea imprevisto o imprevisible.

    La complejidad del convenio regulador puede parecer problemática en un principio, pero puede prevenir conflictos y asegurar la estabilidad y buen entendimiento de las partes en el futuro. Como hemos dicho en anteriores ocasiones, la sencillez, rapidez y economía de un divorcio de mutuo acuerdo es el resultado de la capacidad de ambos cónyuges de ceder y llegar a un acuerdo en todos los aspectos posibles, manteniendo siempre unos mínimos de defensa.

    La alternativa al pacto no es otra que el choque frontal en sede judicial. Esto pasa por ratificar ante el juez que los términos del divorcio no son expreso de ambos -bien sea por el hecho de divorciarse en sí o bien por la liquidación y reparto de los bienes del matrimonio- y prepararse inmediatamente después para afrontar un divorcio contencioso, normalmente mucho más largo y mucho más difícil para todos los implicados.

    A lo que, en caso de tener hijos, se añadiría:

    • El cuidado de los hijos. Se regulará todo lo relacionado con:
      • La patria potestad. El cuidado de los hijos y tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral, así como la representación y administración de sus bienes.
      • La guarda y custodia. Son aquellos derechos y obligaciones relativos al cuidado de los menores, y en especial el derecho a decidir sobre su lugar de residencia. Puede ejercerla uno de los progenitores, ambos o una tercera persona. Los criterios que empleará el juez para decidir son:
        • El interés superior de los menores
        • El resultado del informe del equipo psicosocial de los juzgados. Será un informe pericial no vinculante desarrollado por un psicólogo y un trabajador social que entrevistando a los padres y a los menores realizan pruebas diagnósticas.
        • El derecho de audiencia de los menores, mayores de doce años, por el que las medidas judiciales sobre el cuidado y educación serán adoptadas tras oírles si tuvieren suficiente juicio
        • El principio de no separar a los hermanos
        • La edad de los menores
        • El tiempo de que disponen los progenitores
        • El lugar de residencia
      • El régimen de comunicación y visitas del cónyuge que no tenga la custodia, así como el de los abuelos con los nietos.
      • La pensión de alimentos de los hijos, que deberá reflejar las actualizaciones que correspondan. La pensión continúa mientras se estén formando los hijos mayores de edad y no tengan recursos económico.

    Si se quisiese modificar un convenio regulador ya aprobado en sede judicial, no bastaría con el simple acuerdo entre las partes. Sería necesario iniciar la correspondiente acción de modificación de medidas cuando se alteren sustancialmente las circunstancias con posterioridad a la sentencia que las fijó. Esto sucederá, por ejemplo, en los siguientes casos:

    • Un cambio objetivo de la situación contemplada al tiempo de establecer la medida que se intenta modificar. Las condiciones personales y patrimoniales de las partes, sobre las que se basan los efectos, deben resultar afectadas cualitativa y cuantitativamente.
    • Que dicho cambio afecte de manera considerable a la esencia de la medida, y no a factores secundarios.
    • Que la expresada alteración no sea temporal. Debe mostrar cierta permanencia en el tiempo.
    • Que el cambio sea imprevisto o imprevisible.

    La complejidad del convenio regulador puede parecer problemática en un principio, pero puede prevenir conflictos y asegurar la estabilidad y buen entendimiento de las partes en el futuro. Como hemos dicho en anteriores ocasiones, la sencillez, rapidez y economía de un divorcio de mutuo acuerdo es el resultado de la capacidad de ambos cónyuges de ceder y llegar a un acuerdo en todos los aspectos posibles, manteniendo siempre unos mínimos de defensa.

    La alternativa al pacto no es otra que el choque frontal en sede judicial. Esto pasa por ratificar ante el juez que los términos del divorcio no son expreso de ambos -bien sea por el hecho de divorciarse en sí o bien por la liquidación y reparto de los bienes del matrimonio- y prepararse inmediatamente después para afrontar un divorcio contencioso, normalmente mucho más largo y mucho más difícil para todos los implicados.

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