ÍNDICE

1. Qué ha pasado

2. Una sentencia discriminatoria

3. Opciones y vias de reclamación

El pasado día 5 de mayo, se publicó por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una Sentencia de enorme trascendencia para todos los pleitos que tenemos entablados frente al Banco Santander como propietario, por compra mediante un euro, del extinto Banco Popular.

La Sentencia viene a privar a todos los accionistas y acreedores subordinados de Banco Popular de cualquier acción judicial frente al Banco Santander por la amortización de 7 de junio de 2017. 

En contra de la lógica jurídica más elemental, se priva a los inversores de entidades financieras de reclamar las sumas invertidas en valores al aplicar un mecanismo disciplinario europeo previsto para crisis, quiebra o de desaparición de la Entidad, aunque sus cuentas hayan sido manipuladas y no reflejen su imagen económico-financiera real.

Se trata de una cuestión muy técnica, con la que estamos en total desacuerdo, no sólo los letrados que hemos defendido los intereses de los inversores sino también una abrumadora mayoría de las Secciones de las Audiencias Provinciales y los Juzgados de Primera Instancia de toda España. 

Con todo, señalamos la sentencia como discriminatoria, porque el significado del fallo determina en el caso de bancos, los inversores engañados por la imagen pública de la entidad no podrán reclamar. Como es obvio, se trata de un pronunciamiento que incentiva las conductas fraudulentas de las entidades financieras.

También es discriminatoria porque confiere el mismo trato a los inversores que pudieron comprar los valores de la entidad en un momento que sus cuentas reflejaban la imagen real que a los inversores que compraron en un momento en el que las cuentas no reflejaban la imagen real de la entidad y que por tanto fueron engañados.

LEAN Abogados y la OCU, en colaboración con otros ocho despachos profesionales, están contemplando varias vías alternativas: la primera, consiste en personarse como perjudicados en cualquiera de los dos procedimientos penales seguidos ante la Audiencia Nacional (Vía Penal). 

Por otro lado, también están en curso otras acciones en la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, tanto en la Audiencia nacional como ante instancias europeas, que en caso de que prosperen tendrían efectos generalizados.

Por último, se está valorando es la posibilidad de un recurso ante el Tribunal Europeo de Derecho Humanos en Estrasburgo, cuya viabilidad y éxito está siendo objeto de estudio en estos momentos.

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