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  • Sentencia IRPH en Granada: error de valoración en su fallo a favor de la banca

    22 mayo, 2020
    Analizamos la imposibilidad material de que un consumidor atento, perspicaz e incluso tenaz hubiera podido leer ni una palabra sobre el índice IRPH de fuentes oficiales

    La sentencia de la Audiencia Provincial de Granada de 11 de mayo de 2020 afirma que el índice de referencia IRPH venía proporcionado mediante la Circular 8/1990 y el Boletín Oficial del Estado:

    “El acceso, a los elementos esenciales de cálculo del IRPH, para un consumidor medio normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, existió, ya que estaba proporcionado mediante la Circular 8/1990 y el Boletín Oficial del Estado, pudiendo conocer y acceder, también de este modo, a través de la información pública proporcionada, fácilmente, al conocimiento en el pasado del índice de referencia y por tanto a su evolución.”

    Con esto, pretende justificar las nulas explicaciones respecto al IRPH que contienen las escrituras de préstamo, pues lo que si contienen algunas escrituras es una simple y llana remisión a la Circular 8/1990  para que el consumidor se busque la vida:

    Pues bien, poniéndonos en la piel del consumidor, si accedemos a la Circular 8/1990  del Banco de España    de la página web del Boletín Oficial del Estado en este enlace    no encontramos ninguna información sobre el IRPH. Es más, casualmente se omiten los anexos (ver final del documento) y son en los anexos donde precisamente se encontrarán las definiciones:

    Por tanto, el consumidor no encuentra nada referente al índice IRPH después de haber intentado buscar entre las más de 7.000 palabras que tiene el texto. Un texto, además, de muy difícil lectura por su complejidad, por estar todo en mayúsculas y por no tabular correctamente los apartados. En este momento el consumidor debe estar seriamente agotado.

    Además, el Boletín Oficial del Estado, después de omitir dichos anexos, ni siquiera muestra una ayuda o un enlace para que el consumidor los localice.

    De hecho, si el consumidor accediera al PDF que está en la parte superior de la página web, tampoco encontraría ninguna información sobre el índice de referencia. Aunque en el PDF sí se encuentran los anexos omitidos, no existe ni una sola palabra sobre estos índices, puesto que el PDF se refiere al texto original de 1990 y aún no se encontraban incluidos los índices.

    El problema que casualmente tiene la Circular 8/1990  en la web del Boletín Oficial del Estado es que, además de no incluir los anexos, no se han ido añadiendo las diversas modificaciones posteriores.

    Todo esto, curiosamente, afecta de forma particular a esta circular. Porque en otras del mismo año 90 se hace evidente que el Boletín Oficial del Estado sí tiene capacidad para poder incluir anexos en su página web, incluyendo todo tipo de tablas:

    https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-17479

    Lo mismo sucede con el problema de no incluir las modificaciones a la Circular 8/1990. Incluso con leyes muy anteriores, como la Ley Hipotecaria de 1946, sí que se incluyen en el BOE todas las modificaciones posteriores que se han realizado:

    https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1946-2453

    Por tanto, la prueba concluyente aquí realizada muestra la imposibilidad material de que un consumidor atento, perspicaz e incluso tenaz y persistente hubiera podido leer ni una palabra sobre el índice IRPH de fuentes oficiales con la sola referencia a la Circular 8/1990.

    Es más, si un consumidor que hubiera llegado a relacionar de manera casual que, al pulsar el botón de PDF de la web del Boletín Oficial del Estado podría encontrar los anexos de esta circular, tampoco hubiera leído una sola palabra sobre el IRPH de fuentes oficiales, porque ese PDF no incluye todos los anexos.

    Incluso     si se pretendiera llegar la peregrina situación de que el consumidor tuviera que buscar la información de índices de referencia oficiales en medios no oficiales, nos encontraríamos con lo siguiente: si en Google buscamos el texto “circular 8/1990”, vamos la pestaña de herramientas y seleccionamos en el rango de fechas, por ejemplo, del 1 de enero de 1994 al 1 de noviembre de 2007 (periodo de mayor contratación de IRPH), resulta que en ninguna de las 16 páginas de resultados se muestra la Circular 8/1990, lo que significa que en una búsqueda realizada en Google en las fechas expuestas el consumidor JAMÁS la hubiera encontrado. Esto, por cierto, puede ser porque no estuviera publicada o porque la web que lo hubiera hecho no hubiera permitido que fuera localizable por Google (mediante la creación de un archivo “robots.txt” en la web que expresamente impida y desautorice la localización e indexación de Google), o que dicha Circular se encontrara en buscadores de jurisprudencia y legislación de pago.

    No puede, por tanto, pretenderse que fuera suficiente información al consumidor la simple remisión a la modificación establecida en la Circular 5/1994, pues esta circular no define por sí sola como se elabora el índice, siendo totalmente necesaria la norma segunda y la norma octava de la Circular 8/1990 para conocer el origen y las repercusiones económicas del índice IRPH.

    Con todo lo anterior, llegamos a un nivel de falta de transparencia inédito. No es que la explicación del índice se encuentra escondida en la escritura; tampoco es que la nueva aplicación del índice sea difícilmente observable en las diversas y enrevesadas normativas; se trata de un caso en el que el entendimiento del índice conllevaría incluso una extremadamente complicada investigación por parte del consumidor, incluyendo viajes ex profeso a los archivos del Boletín Oficial del Estado, además de un tiempo considerable en la localización y fusión de los textos de las normativas que les afectan.

    La imposibilidad física de conocer el índice por un consumidor se agrava aún más si cabe con el hecho de que la edición electrónica del Boletín Oficial del Estado solo obtuvo carácter de oficial y auténtica a partir del 1 de enero de 2009 a través del Real Decreto 181/2008, de 8 de febrero, de ordenación del diario oficial Boletín Oficial del Estado. 

    Lo expuesto queda agravado con el hecho de que, en las fechas en las que se realizó la contratación de préstamos IRPH, sólo el 37,5 % de la población    había accedido en algún momento a internet. Por tanto, si ya es prácticamente imposible su localización para alguien que tiene Internet, para alguien que no tiene es una quimera.

    Así, la norma que obliga a los bancos a exponer la definición del índice de referencia en la escritura tiene su razón de ser y debe ser de obligado cumplimiento, igual que unas adecuadas explicaciones, no siendo suficiente con la mera referencia por todo lo ampliamente expuesto.

    Por consiguiente, aunque aceptáramos la esperpéntica situación de que es suficiente para entender el IRPH con la remisión en las escrituras a la Circular 8/1990, como mínimo las entidades financieras deberían haberse asegurado de que el Boletín Oficial del Estado en dicha circular había omitido las referencias al índice y los anexos donde se encuentran, siendo prácticamente imposible su localización, debiendo haber facilitado cuanto menos una localización alternativa.

    Luis Pulgar | Economista y perito judicial

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