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  • Diferencias entre el contrato de compraventa civil y mercantil

    25 septiembre, 2020
    La distinción se fundamenta en la motivación de la transacción pero existen más factores que influyen en su catalogación.

    La práctica demuestra que los límites para determinar si nos encontramos ante una transacción civil o mercantil, son en muchos casos difusos y admiten interpretaciones variadas. Sin embargo, su correcta calificación tendrá incidencia en la legislación aplicable, en las consecuencias que puedan derivarse de un eventual incumplimiento contractual y, por ende, en los plazos para el ejercicio de acciones legales. Es por ello muy relevante concretar los criterios conforme a los cuales podremos diferenciar si estamos ante un contrato de compraventa mercantil o civil.

    En primer lugar, de cara a obtener una definición genérica del contrato de compraventa, acudiremos a lo dispuesto en el Código Civil (en lo sucesivo C.c). Así, el art. 1.445 C.c, se establece lo siguiente: “Por el contrato de compra y venta uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto, en dinero o signo que lo represente”. De esta definición podemos extractar como notas características de la compraventa su carácter bilateral, sinalagmático, consensual y oneroso.

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    Una vez precisado el concepto principal y básico en torno al cual se desarrollarán el resto de consideraciones, acudiremos al Código de Comercio, a fin de concretar el concepto compraventa mercantil que, en contra de lo que pudiera pensarse, no ofrece una definición específica que pudiera ilustrarnos acerca de las diferencias que existen entre ambos contratos, de modo que, para obtener una definición omnicomprensiva de la compraventa mercantil, debemos acudir a ambos textos complementariamente.

    De conformidad con lo mencionado, el C.Com en su art. 325, enuncia una serie de supuestos o, si se quiere, de requisitos, con arreglo a los cuales podremos entender que la compraventa se reputa mercantil:

    • El primer requisito tiene que ver con el objeto: la compraventa mercantil deberá ser de una cosa mueble.
    • En segundo lugar, debemos comprobar cuál es el fin de la transacción: será mercantil cuando se efectúe para su posterior reventa y, consecuentemente, exista ánimo de lucro.

    Por su parte, en el art. 326 del Código de Comercio, se regulan una serie de excepciones en las que, pese a cumplirse los requisitos anteriores, la compraventa no se reputará mercantil. Se excluye la mercantilidad de las compras realizadas por consumidores finales, la reventa efectuada por personas no comerciantes sobre el los acopios que hubiera hecho para su consumo, las ventas que efectúen los propietarios y labradores o ganaderos de los frutos o productos de sus cosechas (en este sentido, resulta de interés consultar la STS (Sala de lo Civil) núm. 1191/1999 de 31 diciembre) y las que realizaran los artesanos de los objetos que hubieran fabricado o construido, al entender que en ninguno de los supuestos concurre el doble requisito de intencionalidad exigible para poder considerar que se trata de una compraventa mercantil.

    Sin perjuicio de lo anterior, la jurisprudencia parece inclinarse hacia una interpretación abierta del precepto mencionado, al afirmar que no todas las ventas que no se encuentren previstas en el art. 326 C.Com deberán ser consideradas mercantiles. En otras palabras: el hecho de no encontrarse excluidas, no significa que se encuentren dentro del ámbito de aplicación del C.Com (resulta ilustrativa la reciente STS nº 119/2020, de 20 de febrero ECLI: ES:TS:2020:502, en la que trata un supuesto de compraventa de acciones sociales sin la intención de integrarse en el proceso productivo de la empresa).

    Conforme lo expuesto hasta el momento, podemos observar que la definición que se recoge en la legislación civil, junto con los requisitos contemplados en la legislación mercantil, sobre los supuestos susceptibles de aplicación y exclusión, no han estado exentos de discusión, siendo numerosos los pronunciamientos e interpretaciones doctrinales y jurisprudenciales al respecto. La principal problemática viene dada por dos supuestos de compraventa cuya calificación admite diferentes interpretaciones en uno y otro sentido. El primero se refiere a aquella compraventa celebrada entre un consumidor y un comerciante, donde media ánimo de lucro en la reventa, tal y como se prevé en el art. 325. Como venimos exponiendo, en los contratos de compraventa, no será la condición de empresario o comerciante de las partes intervinientes la que determine su carácter mercantil. En consecuencia, al encontrarse entre las excepciones que regula el art. 326, el supuesto mencionado será considerado una compraventa civil. Un segundo supuesto dudoso, es aquel que se da en una compraventa celebrada por un empresario en el ámbito de su actividad, sin concurrir ánimo de lucro, sino para destinar el objeto de la compra al uso por la propia empresa, a fin de continuar con la actividad productiva que le es propia.

    En este sentido, la STS Núm.242/2015 de 13 de mayo (FJ 3),aboga por la doctrina tradicional al situar el punto clave para determinar si una operación de compraventa es civil o mercantil en la intencionalidad del comprador, y en la posibilidad de reventa:

    ”El Código de Comercio (LEG 1885, 21) , en su art. 325 exige, para considerar mercantil la compraventa, un doble requisito subjetivo o intencional del comprador: que se realice la compra para ser revendida con ánimo de lucrarse en la reventa posterior. A diferencia de otros contratos regulados en el mismo texto legal en los que reconoce el carácter mercantil del contrato cuando interviene un empresario, por el contrario, la compraventa mercantil quedaría reservada para los comerciantes que son los que profesionalmente compran para revender”.

    Para delimitar el ámbito de aplicación de las compraventas que pueden o no considerarse mercantiles, merece atención el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que conforme a lo dispuesto en el art. 2, será de aplicación exclusiva a los contratos entre consumidores y empresarios, también denominados B2C (business to consumer). Como consecuencia, debemos estar a lo establecido en el art. 3, teniéndose por consumidores y usuarios a aquellas personas físicas, jurídicas o entidades sin personalidad jurídica, que en la transacción no actúen en el ámbito de su actividad, ni con la intención de obtener un beneficio en la misma.

    Puede apreciarse, por tanto, el ánimo de lucro y el factor intencional en la compraventa, cobran especial protagonismo en su definición, y resultan criterios básicos a la hora de determinar el régimen aplicable al caso que se nos presente.

    En definitiva, la distinción entre uno y otro, se basará fundamentalmente en la existencia del ánimo de obtener un beneficio en el momento que se realiza la operación, como motivación y causa de la transacción, además de la posibilidad real y plausible de que se produzca una reventa posterior, ya sea del propio objeto que se adquiere o de este con modificaciones.

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