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  • Derechos del ciudadano frente a los ficheros de morosos (II)

     

    11 mayo, 2020
    La reclamación en la jurisdicción ordinaria contra acreedor y mantenedor del sistema, cuando se hayan generado inclusiones indebidas.

    En el anterior artículo bajo este mismo título (12 febrero 2020), tratamos de la licitud de este tipo de ficheros de solvencia patrimonial y crédito, la de su publicidad, así como la responsabilidad del acreedor y la del administrador del fichero. Se contemplaron los requisitos que han de darse para la licitud de estos ficheros de solvencia, se trataron los derechos conocidos como ARCO, de acceso, rectificación, cancelación y oposición; y quedamos emplazados para, en un segundo artículo, tratar la reclamación en la jurisdicción ordinaria contra acreedor y mantenedor del sistema, cuando se hayan generado inclusiones indebidas.

    1. Saldo Cero

    Antes de entrar en la cuestión jurisdiccional, conviene analizar previamente un supuesto intermedio entre la inclusión justificada y la indebida, que es la que se da en el caso en el que un ciudadano, si bien ha sido incluido en el fichero de forma debida, el deudor ha podido reaccionar adecuadamente mediante el cumplimiento de sus obligaciones, saldando la deuda y, sin embargo, se mantiene su inclusión en el fichero, solo que figurando en el sistema con saldo deudor a cero. 

    ¿Es esto lícito? Inicialmente lo fue con la Ley de Regulación de Datos Automatizados de 1992 pero, con su derogación por la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) de 1999, pasó a no serlo, puesto que, en su artículo 29.4, se expresaba que se podían ceder los datos adversos siempre que respondieran con veracidad a la situación actual, por lo que, a partir de ese momento, a interpretación de la propia Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y de la doctrina mayoritaria, el pago o cumplimento de la deuda determinó la necesaria cancelación inmediata de todo dato relativo a la misma. La actual LOPD de 2018, en su artículo 20, mantiene este mismo planteamiento, cuando dice que los datos se refieran a deudas ciertas, vencidas y exigibles. Lógicamente, si la deuda ya está pagada, ya no es exigible y, por tanto, no puede estar incluida dentro de los datos del sistema.  El propio artículo 20.1 d), del mismo cuerpo legal lo contempla de forma expresa, determinando que para la licitud del fichero será necesario que los datos únicamente se mantengan en el sistema mientras persista el incumplimiento.

    2. Reclamación en la jurisdicción ordinaria

    La responsabilidad atribuible al mantenedor del sistema y a las entidades acreedoras peticionarias de la inclusión indebida del deudor,  dimana del artículo 26 del Reglamento (UE) 2016/679 incorporado a nuestro ordenamiento jurídico de forma expresa en el artículo 20.2 de la vigente LOPD de 2018. De hecho con la LOPD se pretende lograr la adaptación del ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, Reglamento general de protección de datos, y completar sus disposiciones.

    Esta responsabilidad es reclamable por medio de dos vías ante la jurisdicción ordinaria:

    1. Reclamación de la responsabilidad por daños y perjuicio inferidos por incumplimiento de las obligaciones de la LOPD.
    2. Lesión al derecho al Honor.

    3. Reclamación de la responsabilidad por daños y perjuicios

    Su naturaleza es de responsabilidad extracontractual (Art. 1902 CC), al no existir ningún vínculo contractual entre el responsable o mantenedor del fichero y el deudor reclamante, cuyos datos se han incluido indebidamente en el sistema.  Esto tiene su importancia práctica, porque la naturaleza extracontractual de la responsabilidad nos determina que su plazo para interponer ante los tribunales es de prescripción y de tan solo un año.

    En cuanto al orden jurisdiccional ante el cual habrá de interponerse la demanda, esto dependerá de la naturaleza privada o pública de los ficheros. Si son de titularidad privada se ejercitará la reclamación ante los tribunales civiles. Si el fichero es de titularidad pública se hará ante los tribunales de lo contencioso administrativo. En este sentido, el hecho de que el fichero sea de titularidad pública no obliga necesariamente a que, antes de entablar el contencioso administrativo, se tenga que reclamar en la vía administrativa ante la AEPD, aunque, esta Agencia, tiene competencias sancionadoras, así como articulado un procedimiento administrativo reglado en la LOPD vigente. No obstante, conviene subrayar que, el que se concurra con una resolución administrativa de la AEPD que contemple la existencia de inclusión indebida, supondrá un importante sostén para fundamentar la demanda en el contencioso administrativo.

    En lo que respecta a la exigencia de responsabilidad extracontractual es pacífico tanto para la jurisprudencia como para la doctrina mayoritaria, el que, para que se pueda conseguir el resarcimiento de daños patrimoniales, ha de demostrarse de modo incuestionable:

    1. La existencia de una falta de diligencia consistente en una acción u omisión culposa.
    2. La realidad de los perjuicios, por lo que éstos habrán de ser cuantificados y demostrados
    3. La concurrencia de una relación de causalidad entre la conducta del demandado y los daños producidos. (Vgr. Cuando el fracaso de la operación económica se debió a la denegación de crédito, y ésta se produjo como consecuencia de los datos erróneos que figuraban en el registro de morosos.)

    La legitimación activa o, dicho de otro modo, a quien corresponde realizar la reclamación de responsabilidad, es aquella persona física que ha sufrido un daño patrimonial como consecuencia del tratamiento indebido de sus datos de carácter personal. El legitimado pasivo, o a quien se debe dirigir la demanda, es el responsable del daño causado y, esta responsabilidad, no es exclusiva del acreedor que ordena la inclusión de los datos en el sistema, sino que también es imputable al mantenedor o titular del fichero que no ha actuado con la diligencia debida en el control de la veracidad de los mismos.

    4. Lesión al derecho al honor

    La otra vía de reclamación antes enumerada, es la acción de protección del derecho al honor en reclamación de daños morales.

    En España el resarcimiento de los daños morales, si bien no es imposible, en general, su consecución ante los tribunales resulta de difícil obtención, sin embargo, en el particular que nos ocupa, la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) núm. 176/2013 de 6 de marzo determina:

    <<Por tanto, esta Sala estima que acudir a este método de presión representa en el caso que nos ocupa una intromisión ilegítima en el derecho al honor de la recurrente, por el desvalor social que actualmente comporta estar incluida en un registro de morosos y aparecer ante la multitud de asociados de estos registros como morosa sin serlo, que hace desmerecer el honor al afectar directamente a la capacidad económica y al prestigio personal de cualquier ciudadano entendiendo que tal actuación es abusiva y desproporcionada, apreciándose en consecuencia la infracción denunciada”>>

    Para seguir diciendo ésta sentencia respecto de la indemnización al daño moral:

    Apreciada la intromisión ilegítima en el derecho al honor del recurrente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.3 LPDH (RCL 1982, 1197)«[l]a indemnización se extenderá al daño moral que se valorará atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo que se tendrá en cuenta, en su caso, la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido.»

    En el caso de esta sentencia del Supremo, se concedió la indemnización de 9.000 € para cada uno de los dos demandantes. Sin embargo, en la más reciente Sentencia Tribunal Supremo  núm. 237/2019 de 23/04/2019, en el proceso que se revisaba, se solicitaban 10.000 € para resarcir los daños morales en un caso similar, y la sentencia del Alto Tribunal, si bien  reconoce la existencia de la intromisión ilegítima al honor, se confirma la indemnización que se concedió en la Audiencia Provincial de 3.000 €, por lo que, la fijación indemnizatoria de los daños morales,  como dice el Tribunal Supremo «queda a la soberanía del tribunal de instancia hacerlo, señalando las que, fruto de la libre valoración probatoria, han de entenderse concurrentes y relevantes en este concreto caso para cifrar la cuantía indemnizatoria».

    Por tanto, la cuantificación de la indemnización de los daños morales va a quedar siempre al arbitrio del tribunal.

    Finalmente abordaremos que el plazo para ejercitar la acción de protección al derecho al honor es de cuatro años. Transcurrido este plazo, la acción no prescribe sino caduca. No hay que olvidar que la caducidad, a diferencia de la prescripción, puede apreciarse de oficio por el tribunal aunque no se haya esgrimido por la demandada. En la prescripción cabe su interrupción mediante reclamación extrajudicial y en la caducidad no.

    El cómputo del plazo de caducidad se inicia desde que el agraviado pudo interponer la demanda o tuvo conocimiento de la inclusión indebida en el fichero.

    Juan Luis Cerdá  | Socio LEAN Abogados

    Abogados especialistas

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