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  • Derechos del ciudadano frente a los ficheros de morosos.

    12 febrero, 2020
    ¿Por qué se pueden dar publicidad a las listas de morosidad si la ley es tan celosa con los datos personales? ¿Qué requisitos debe cumplir el registro?

    Los registros de morosos no deberían preocupar a quién es ordenado y puntual en sus pagos. Sin embargo, a veces se dan actitudes abusivas por parte de algunas compañías que provocan que, incluso por una pequeña cantidad de dinero, un ciudadano cualquiera pueda aparecer en estas indeseadas listas, generándole no pocos problemas a la hora de obtener nuevos créditos o financiación.

    Por otra parte, resulta difícil obtener información personal incluso de seres allegados, pues irremediablemente te topas con la inamovible Ley de Protección de Datos. Entonces, ¿cómo puede darse la circunstancia de que sí se puedan confeccionar y dar publicidad de las listas de morosidad, si la ley es tan celosa con los datos personales? ¿Por qué es legal la inclusión de datos personales sin consentimiento del deudor?

    1. La responsabilidad del acreedor.

    En principio, existe una presunción de licitud siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos sobre los registros que realizan un tratamiento de datos personales relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito.  No obstante, esta presunción de licitud no ampara los supuestos en que la información crediticia fuese asociada por la entidad mantenedora del sistema informático a informaciones adicionales, relacionadas con el deudor y obtenidas de otras fuentes, a fin de llevar a cabo un perfilado del mismo, sobre todo cuando se hayan aplicado técnicas de calificación crediticia.

    En definitiva, es responsabilidad del acreedor y el sistema informativo garantizar que concurren los requisitos exigidos legalmente para la inclusión de la deuda en el sistema informático. En este sentido, el acreedor responderá de su inexistencia o inexactitud.

    2. Requisitos que debe cumplir el registro.

    Además de lo que ahora está expuesto, los requisitos legalmente exigidos para la licencia del registro de morosos mediante el sistema informático o el tratamiento de datos son los siguientes:

    1.- Los datos requeridos serán facilitados por el acreedor o por un representante del mismo. Los datos deben de referirse a deudas deben , vencidas y exigibles . Si el deudor no se conforma con esa deuda que le reclamaman por considerarla inexistente o inferior en la cantidad , el acreedor no puede incluir en el registro los datos de esa deuda .

    2.- El acreedor debe haber informado al deudor en el contrato que les de la posibilidad de su inclusión en uno de estos registros de morosidad en caso de incumplimiento. Si no hubiera expresado en el contrato esta advertencia, el acreedor requerirá realizar en el momento de requerir el pago al deudor para poder incluir lícitamente los datos en el registro.

    3.- La entidad que mantiene el sistema informático del registro de morosos, debemos notificar al deudor la inclusión de esos datos , así como la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, de rectificación, de supresión (derecho al olvido), de limitación al tratamiento, el derecho a la notificación relativa a los derechos anteriores, la portabilidad de datos, la oposición y no ser objeto de una decisión específica en el tratamiento automatizado.

    4.- Para ejercitar el derecho de acceso habrá que dirigirse al titular del tratamiento en el que los datos del deudor hayan sido incluidos. El titular del tratamiento está obligado a responder en el plazo máximo de un mes. 

    5.- Los datos que consten en el sistema informático del registro independiente podrán mantener mientras persista el incumplimiento y como máximo cinco años desde la fecha de vencimiento de la deuda.

    6.- Los datos de un deudor especificados solo pueden ser consultados cuando se realiza la consulta en algunos de los siguientes supuestos :

    a) Que mantenga una relación contractual con el deudor que suponga el abono de una cantidad.

    b) Que el futuro deudor hubiera solicitado al realizar la consulta la celebración de un contrato (por ejemplo, de crédito al consumo o de crédito inmobiliario) que suponga cualquiera de los siguientes supuestos:
    – Financiación
    – Pago aplazado
    – Facturación periódica 

    7.- Para el caso de que el deudor hubiera ejercitado ante la entidad mantenedora del sistema informático del registro de morosos el derecho a la limitación del tratamiento de los datos, impugnando su exactitud, el sistema solo puede informar al consultar que da tal circunstancia , pero, en tanto no se resuelva la impugnación, no podrá informar sobre los datos concretos sobre los que se basa la impugnación del deudor.

    a) En el caso de que se denegase la solicitud de celebración del contrato, o si no llegara a una celebración como consecuencia de la consulta efectuada, quien haya consultado el sistema deberá informar al resultado del resultado de dicha consulta.

    Si acreedor y mantenedor del sistema (tratamiento), mantuvieron todo lo hasta ahora expuesto el registro de morosos gozará de plena licitud .

    3. Reclamación ante los tribunales.

    Otra cuestión será la reclamación en la jurisdicción ordinaria contra acreedor y mantenedor del sistema o tratamiento cuando se hayan generado inclusiones indebidas. El Tribunal Supremo señaló en su sentencia de 5 de julio de 2004 (en la que ha basado otras más recientes como la sentencia de 23/03/2018) que no se trata de la ilicitud del tratamiento respecto de morosos que lo sean en realidad, sino que sienta que el ataque al honor lo conforma el hecho de la inclusión indebida en el registro de morosos por deuda inexistente, lo que supone desmerecimiento y descrédito en la consideración ajena, pues esta clase de registros suelen incluir a personas valoradas socialmente en forma negativa o al menos con recelos y reparos, sobre todo cuando se trata de llevar a cabo relaciones contractuales con las mismas.

    Pero esta cuestión será materia para otro artículo que tratará sobre la reclamación ante los tribunales de la responsabilidad civil generada por la inclusión indebida en un tratamiento de solvencia y sobre la tutela judicial de protección del derecho al honor, reconocido en el artículo 18.2 de la Constitución Española.

    Jesús Cerdá Martínez | Socio LEAN Abogados

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