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  • Covid-19 y proceso especial en materia de familia

    13 mayo, 2020
    Novedades que afectan al Derecho de Familia en los artículos 3 a 5 del Real Decreto-ley 16/2020 para la agilización de la Justicia

    El pasado 29 de abril se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 16/2020 que pretende organizar el ámbito de la Administración de Justicia para “hacer frente a las consecuencias del Covid 19”. Este Real Decreto se encuentra en vigor desde el 30 de abril de 2.020. En los medios de comunicación han tenido eco determinadas decisiones tomadas por el Gobierno en orden a habilitar días de agosto, dispensar de la utilización de togas, jornadas de trabajo en horario de mañana y tarde para el personal de la Administración de Justicia, etc. Sin embargo, a la par que se regulan esas cuestiones, aparecen otras dentro del ámbito empresarial, laboral, contencioso-administrativo, etc.

    A continuación, nos vamos a centrar en las novedades que afectan al Derecho de Familia. Los artículos 3 a 5 del citado Real Decreto regulan una serie de supuestos cuya tramitación  ha de ser a través de un procedimiento especial y sumario y que tienen su origen en la crisis sanitaria que hemos y estamos padeciendo. La propia Exposición de Motivos reconoce que las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias han tenido incidencia en el normal desarrollo del régimen de custodia y de visitas de los menores. Igualmente, ya se advierte en el indicado Real Decreto de la pandemia económica a la que nos dirigimos, lo que va a producir fuertes alteraciones económicas de las personas obligadas al pago respecto de las prestaciones alimenticias. La norma dictada por el Gobierno prevé una elevada litigiosidad y pretende, a través de un procedimiento especial y más rápido, resolver estas cuestiones.

    Lo deseable sería no tener que acudir a ningún remedio procesal contencioso para tener que dar respuesta a las situaciones que se planteen dentro de esa “nueva normalidad”. Lo aconsejable sería que las propias partes solucionaran tanto incidencias habidas en lo concerniente a visitas como la nueva situación económica en que uno u otro progenitor se encuentre como consecuencia del virus.

    El artículo 3 del Real Decreto indica que durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización, se decidirán a través del procedimiento especial las siguientes demandas:

    1. Restablecimiento del equilibrio en el régimen de visitas o custodia compartida cuando uno de los progenitores no haya podido cumplir con lo acordado en convenio o fijado en sentencia.

    2. Revisiones de medidas definitivas sobre cuestiones económicas (cargas del matrimonio, pensiones de alimentos y compensatorias).

    3. Establecimiento o revisión de la obligación de prestar alimentos.

    En cuanto a la competencia, para los supuestos contemplados en las cuestiones 1 y 2 y la revisión de la obligación de prestar alimentos de la cuestión 3 la competencia corresponde al mismo Juzgado que hubiera fijado las medidas definitivas que se pretende reequilibrar (custodia-visitas) o revisar (cuestiones económicas). Si la pretensión es la de establecer una pensión a favor de los hijos menores (3) la competencia corresponde al Juzgado de lugar del último domicilio común de los progenitores o, caso de residir éstos en distintos partidos judiciales, corresponderá al Juzgado del último domicilio del demandado o el de residencia del menor, a elección del demandante.

    En cuanto al procedimiento, se inicia mediante demanda. Si lo que se pretende es modificar o fijar una pensión de alimentos, junto a la demanda se debe de acompañar un certificado expedido por la entidad gestora en el que figure la cuantía mensual que se perciba en concepto de prestación o subsidios (trabajadores por cuenta ajena) o expedido por la Agencia Tributaria respecto a la declaración de cese de actividad o disminución de ingresos (trabajadores por cuenta propia). Una vez admitida a trámite la demanda, se convoca a las partes (demandante y demandado) y Ministerio Fiscal cuando proceda a una vista que debe de celebrarse como muy tarde diez días después de haberse admitido la demanda.

    El Decreto continúa en su artículo 5 regulando los pasos procesales que deben seguirse hasta sentencia. El legislador ha optado por un procedimiento en el que prima la inmediatez, oralidad y celeridad. En los próximos meses podremos comprobar el número de procedimientos ventilados al amparo de este Real Decreto-ley en lo que al Derecho de Familia se refiere. Lógicamente, el particular que se encuentre o crea encontrarse en una de las nuevas situaciones generadas con ocasión del Covid 19 debería recabar el oportuno asesoramiento legal.

         José A. Mínguez | Abogado LEAN Abogados

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