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  • Ayuda a las víctimas de violencia de género ante el Covid-19

    13 abril, 2020
    Ante la declaración de estado de alarma las mujeres víctimas de violencia de género precisan de una efectiva protección.

    1. Introducción

    Las mujeres víctimas de violencia de género son un colectivo especialmente vulnerable en estos momentos de situación de emergencia y ante la declaración de estado de alarma precisan de una efectiva protección.

    El riesgo para estas mujeres se ve agravado por el aislamiento domiciliario al verse forzadas a convivir con su posible agresor.

    Se considera primordial reforzar los servicios se asesoramiento jurídico y psicológico, así como las medidas de acogida y reparación integral.

    El RD 463/2020 restringe la libertad de circulación de las personas. Sin embargo, entre sus excepciones se contempla la asistencia y cuidado de menores y las personas especialmente vulnerables, lo que permite a las mujeres víctimas de violencia de género poderse desplazar a dependencias policiales, judiciales o de cualesquiera otros recursos.

    Esta posibilidad de acceso a los servicios de protección y asistencia ha sido desarrollada en el RDL 12/2020 de 31 de marzo, que habilita los mecanismos adecuados y efectivos para llevar a cabo los medios necesarios de asistencia integral, comunicación y denuncia de las personas víctimas de violencia de género. Todos estos servicios tienen la consideración de servicio esencial durante la vigencia de la declaración de estado de alarma y en la regulación del permiso retribuido recuperable.

    2. Medidas de adaptación y mantenimiento de asistencia integral y de protección

    La LO 1/2004 de medidas de protección contra la Violencia de Género establece para este colectivo derechos a la asistencia social integral.

    Se contempla el asesoramiento jurídico inmediato y previo a la presentación de la denuncia las 24 horas del día y todos los días del año, que en estos momentos de prevención sanitaría continuará siendo inmediata, si bien no de forma presencial, articulando medidas efectivas para la realización por llamadas telefónicas u otros dispositivos. Continúan operativos los teléfonos del Ministerio de Igualdad (016) y de la Policía Nacional (091) o Guardia Civil (092), así como los de los letrados de asistencia a Víctimas de Violencia de Género establecido por cada Colegio de Abogados.

    También están activos los servicios de tele asistencia para dar soporte psicológico.

    Se ha asegurado el normal funcionamiento del servicio telefónico de atención y protección para víctimas de violencia de género, mediante un dispositivo móvil que permite ponerse en contacto y en cualquier momento con personal especializado en esta materia. Desde el Centro de Atención, además, se realiza un seguimiento periódico con las usuarias de este servicio.

    Tampoco queda desatendido el seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación (las pulseras de localización de maltratadores).

    Los centros de emergencia, acogida, pisos tutelados y alojamientos seguros seguirán estando operativos, facilitando las administraciones públicas los equipos necesarios de protección individual. Incluso se posibilita la utilización de alojamientos turísticos, si ello fuera necesario, para garantizar la acogida de las víctimas y sus hijos.

    Las víctimas de violencia de género tienen derecho a percibir prestaciones económicas que desde luego seguirán abonándose mientras dure el estado de alarma decretado.

    Además, el Ministerio de Igualdad ha asegurado que se creará un Plan de Contingencia a favor de las víctimas de violencia de género.

    En estos momentos de aislamiento domiciliario se van a fomentar campañas de concienciación y sensibilización por parte de las Administraciones Públicas en los medios de comunicación tanto de titularidad pública como privada.

    3. Realización de actuaciones judiciales

    La declaración del estado de alarma por medio del RD 463/2020 ha supuesto la suspensión de las actuaciones judiciales y plazos procesales, a excepción de aquellos que resulten imprescindibles para no ocasionar un perjuicio irreparable o que afecten a derechos fundamentales.

    En el ámbito de la jurisdicción penal, la suspensión de actuaciones judiciales no se aplica a los servicios guardia; procedimientos en lo que haya un detenido o preso, celebrándose por lo tanto los juicios en los que el maltratador se encuentre privado de libertad, tanto de forma cautelar como en virtud de sentencia condenatoria; también resulta obligatoria la tramitación de las Ordenes de Protección a las víctimas de violencia a de género, debiendo resolverse por el juez competente en un plazo máximo de 72 horas y, por supuesto, todas aquellas actuaciones urgentes relacionadas con la violencia de género.

    Los juzgados de Violencia sobre la Mujer tienen atribuidas competencias civiles en materia de derecho de familia. En todos estos procedimientos está presente más si cabe, un grave conflicto entre ambos progenitores, agravado como consecuencia de los episodios de violencia ejercida por el varón sobre la mujer, pero en los que debe primar el beneficio del menor y sus relaciones con ambos progenitores.

    En la medida de lo posible debe procurarse el cumplimiento de las resoluciones judiciales referidas a la custodia, tanto compartida como de guarda monoparental  y el régimen de visitas, procurando las entregas y recogidas en las fechas y momentos que proceda.

    Sin embargo, los juzgados han considerado suspender temporalmente las visitas intersemanales o de periodos inferiores a un día completo, a fin de evitar el riesgo de contagio, procurando estar el menor tiempo posible fuera de los domicilios.

    Como consecuencia del grave problema sanitario que se está produciendo, se ha decretado el cierre de los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) que son aquellas instalaciones adecuadas, tuteladas por las distintas Comunidades Autónomas que favorecen las relaciones y comunicación de los menores con sus familiares.

    Estos servicios de apoyo a familias son los más utilizados para facilitar el contacto de los menores con sus progenitores cuando existe alguna medida de prohibición de acercamiento vigente, lo que ha supuesto en la práctica que las mismas se vean suspendidas, pero favoreciendo un posible acuerdo entre las partes para designar una persona de confianza o un lugar idóneo donde producirse las entregas y recogidas. A falta de dicho acuerdo voluntario, se planteará la posible compensación cuando se levante el estado de alarma

         Fernando Rosat | Socio LEAN Abogados

    Abogados Especialistas

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