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  • Las nueva claves en el acceso a la vivienda social en Cataluña

    15 enero, 2020
    El pasado 31 de diciembre de 2019 entró en vigor el Decreto Ley 17/2019, de 23 de diciembre de medidas urgentes de acceso a la vivienda de Cataluña.

    El pasado 31 de diciembre de 2019 entró en vigor el Decreto Ley 17/2019, de 23 de diciembre de medidas urgentes de acceso a la vivienda de Cataluña.

    Entre las principales medidas que se recogen en el citado Decreto, destacan las siguientes:

    • Se amplían los supuestos en los que es obligatorio realizar la oferta de alquiler social: la obligación de ofrecer un alquiler social antes de presentar una demanda se extiende a cualquier asunto derivado de la reclamación de una deuda hipotecaria y a aquellos casos en que se reclame contra el inquilino por haber expirado su contrato de alquiler.
    • Se amplían los plazos de duración de los contratos de alquiler social, que pasan de los 3 años a un mínimo de 5 años si el propietario/arrendador es persona física y a un mínimo de 7 si es persona jurídica.
    • Se prevé la posibilidad de renovar la duración de los contratos de alquiler social cuando, una vez alcanzada su duración máxima (5 o 7 años), el inquilino acredite que todavía se halla dentro de los parámetros legales de exclusión.
    • La comunicación de la oferta de alquiler social deberá realizarse no sólo al municipio en que se encuentra la vivienda sino también a la Agencia de la Vivienda en Cataluña.
    • Se extiende la definición de gran tenedor. Antes de la entrada en vigor del Decreto, se consideraba gran tenedor de vivienda a las personas jurídicas que disponían de más de 1.250 metros cuadrados de superficie habitable. Ahora, son consideradas tales las personas jurídicas que tengan más de 15 viviendas y los fondos de capital riesgo y de titulación de activos. En ningún caso lo serán las personas físicas, con independencia del número de viviendas de las que sean propietarios.

    Como aspecto llamativo -y que está generando gran controversia jurídica por su posible inconstitucionalidad-, cabe destacar que la ampliación de los supuestos en que es obligatorio ofrecer un alquiler social se aplica retroactivamente a todos los procedimientos ya iniciados antes de la entrada en vigor del Decreto y que se encuentren en tramitación.

    Habrá que esperar para conocer el alcance de la aplicación del Decreto, esto es, si se alcanza el resultado que persigue y para saber si se plantea por algún órgano judicial una cuestión de constitucionalidad en cuanto a su aplicación retroactiva.

    Sofía Gutiérrez | Abogada LEAN Abogados

    Especialistas en Derecho Inmobiliario

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