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  • ERTEs y reducción de jornada colectiva durante la crisis del Covid-19

    26 marzo, 2020
    ¿Qué prevé la ley en materia de ERTEs y reducción de jornada para casos de epidemia, en los que es necesaria una capacidad de acción rápida?

    La epidemia del coronavirus está afectando al día a día de todos los ciudadanos, y su propagación global está teniendo una especial incidencia en las empresas, que se están enfrentando a diversos y muy serios problemas desde el punto de vista económico y laboral, tales como la falta de suministros, la disminución de la demanda, o que parte de la plantilla pueda verse en cuarentena.

    1. Comunicación y período de consultas

    En primer lugar, el empresario debe comunicar a los trabajadores o a sus representantes su intención de iniciar el procedimiento, para que puedan constituir una comisión representativa con la que se negociará durante el periodo de consultas.

    El procedimiento se inicia por escrito, mediante la comunicación de la apertura del periodo de consultas del empresario a los representantes de los trabajadores.

    Esta comunicación de apertura debe contenerlos siguientes extremos, entre otros:

    1. La especificación de las causas que motivan la medida que se pretende tomar por el empresario.
    2. Número y clasificación profesional de los trabajadores afectados por las medidas.
    3. Concreción y detalle de las medidas.
    4. Criterios tenidos en cuenta para la designación de los trabajadores afectados por las medidas.
    5. Representantes de los trabajadores que integrarán la comisión negociadora.

    Además, esta comunicación se debe acompañar de una memoria explicativa y en la mayoría de los casos de un informe técnico, así como de la documentación necesaria para acreditar la causa alegada. En todo caso, la documentación debe acreditar que se trata de una situación coyuntural de la empresa.

    Entregada la comunicación se inicia el periodo de consultas que tendrá una duración de no más de 15 días. Sobre el número de reuniones que han de celebrarse la ley otorga bastante libertad a las partes, incluso la posibilidad de llegar a un acuerdo que dé por finalizado el periodo de consultas en cualquier momento.

    La finalidad del periodo de consultas es llegar a un acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, para tartar evitar o reducir en la medida de lo posible los efectos de las medidas a implementar por el empresario. Se exige a las partes negociar de buena fe, es decir, que ambas partes entren en una dinámica de propuestas y contrapropuestas, con voluntad real de diálogo y de llegar un acuerdo (como ha establecido el Tribunal Supremo reiteradamente), aunque hay que destacar que no es obligatorio que dicho acuerdo se alcance.

    2. La autoridad laboral

    Al finalizar el periodo de consultas, el empresario debe comunicar a la autoridad laboral el resultado del mismo. En caso de que no haya acuerdo, el empresario debe comunicar a la autoridad laboral y a los representantes de los trabajadores su decisión sobre las medidas a implementar. La comunicación debe contener el calendario con los días concretos de suspensión de contrato o reducción de jornada individualizados por cada uno de los trabajadores afectados, el empresario tiene un plazo de 15 días desde la última reunión para realizar esta comunicación.

    Hay que destacar que la adopción de medidas de suspensión de contratos o de reducción de jornada no genera derechos indemnizatorios a favor de los trabajadores, y que, durante las suspensiones de los contratos o las reducciones de jornadas, la ley prevé que se debe promover el desarrollo de acciones formativas vinculadas a la actividad profesional de los trabajadores afectados, con la finalidad de aumentar su polivalencia o incrementar su empleabilidad.

    Como se pone de manifiesto de la lectura de lo anterior, implementar un ERTE es un procedimiento complejo y que puede prolongarse en el tiempo.

    3. La causa de fuerza mayor

    ¿Qué prevé la ley para casos de epidemia, en los que es necesaria una capacidad de acción rápida? En estos casos, la ley prevé un procedimiento justificado por una causa de fuerza mayor temporal, fuerza mayor que según nuestra jurisprudencia “ha de entenderse como la actuación de causa extraña al empresario, es decir, como la acción de elementos exteriores que quedan fuera de su esfera de control“.

    En estas situaciones de fuerza mayor temporal, en el supuesto de los ERTEs, lo que se exige al empresario, es que dirija a la autoridad laboral competente una solicitud de adopción de medidas. La solicitud se debe acompañar de los medios de prueba que se estimen necesarios para acreditar la concurrencia de la causa de fuerza mayor que se alega. El empresario debe comunicar esta solicitud simultáneamente a los representantes legales de los trabajadores.

    La autoridad laboral antes de resolver en el plazo máximo de cinco días, debe recabar un informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y realizar o solicitar las actuaciones o informes que considere indispensables para acreditar la causa alegada por la empresa.

    La ley también prevé que la autoridad laboral dé trámite de audiencia a la empresa y a los representantes de los trabajadores en el plazo de un día, en el caso de que figuren en el procedimiento y puedan ser tenidos en cuenta en la resolución que adopte, otros hechos, alegaciones y pruebas distintos de los que la empresa haya aportado en su solicitud.

    Hay que destacar en este punto, que la resolución de la autoridad laboral se limitará a constatar si existe o no la fuerza mayor alegada por la empresa, pero la decisión sobre las medidas que se deben adoptar corresponde al empresario y surten efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor.

    En el supuesto de que no se constate por la autoridad laboral la existencia de fuerza mayor se podrá iniciar por el empresario el procedimiento de ERTE anteriormente descrito.

    4. Conclusión                                    

    En conclusión, dada la actual coyuntura es de prever que muchas empresas se vean en la necesidad de implementar este tipo de medidas que sirven, en definitiva, para hacer frente a situaciones que como la pandemia del coronavirus tienen un horizonte temporal limitado. Esperemos que así sea.

    Asier Aguirre | Abogado LEAN Abogados

    Especialistas en Derecho Mercantil

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