• inicio
  • abogados laboralistas
  • claves de la adaptacion tecnologica en las empresas a causa del covid 19
  • Claves de la adaptación tecnológica en las empresas a causa del Covid-19

    15 junio, 2020
    Analizamos la adaptación tecnológica de numerosas empresas y negocios como consecuencia de la pandemia del Covid19 y la naturaleza jurídica de los contratos que hay tras esta necesidad

    1. Introducción

    El presente artículo podría dar lugar a mucho contenido, sin embargo su objeto se limita a trasladar al lector importantes y diversas pinceladas a la hora de saber y conocer un tema de rabiosa actualidad como es la adaptación tecnológica que se ha implantado en numerosas empresas y negocios como consecuencia de la pandemia del Covid19, la naturaleza jurídica del contrato (o contratos) que hay tras esta necesidad y la interpretación que de todo ello han hecho la doctrina y tribunales nacionales.

    Si ya éramos conocedores de que la implantación tecnológica avanzaba rápidamente, no podemos negar que la pandemia del coronavirus ha acelerado el proceso para quedarse definitivamente y facilitarnos nuestro día a día, ya sea en nuestro puesto de trabajo físico o en nuestros domicilios teletrabajando. Según apuntan los expertos, el avance tecnológico vivido desde la declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo de 2020 equivale al que se habría conseguido en un plazo de cinco años en circunstancias normales.

    2. Naturaleza jurídica de la relación contractual

    La demanda de herramientas tecnológicas para facilitar el día a día de las empresas y profesionales en todo el mundo ha sido muy importante. Su oferta, por supuesto, también.

    En el caso español, lleva aparejado en muchos de los casos no solo la necesidad de adquirir esa herramienta (contrato de compraventa), sino también su instalación y formación del personal -pues el desconocimiento puede llegar a ser absoluto- (contrato de prestación de servicios), todo ello enfocado a que el resultado de su implantación sea satisfactorio y responda a las necesidades requeridas (contrato de arrendamiento de obra). Estamos ante un contrato bilateral, oneroso, consensual y de tracto sucesivo.

    Además, este supuesto aquí analizado ha sido calificado por la doctrina y nuestros tribunales como un contrato atípico o mixto en el que se pueden encontrar elementos propios del contrato de compraventa, del de arrendamiento de servicios y del de arrendamiento de obra.

    El contrato mixto puede definirse como un contrato atípico en el que las partes contratantes, acudiendo a la combinación de diversos tipos contractuales, regulan éstos con la finalidad de alcanzar la concreta finalidad pretendida por los mismos y que excede del marco propio de cada tipo de contrato por separado. El carácter atípico de estos contratos reside en su conjunto, no en la individualidad de los contratos o estipulaciones que lo integran.

    Así, la adquisición de componentes informáticos (como puede ser una aplicación, un programa, etc.; en definitiva, una herramienta tecnológica) puede asimilarse a la compraventa; su implementación en el sistema del negocio de quien lo adquiere constituye una clara llamada al resultado (obra); y la formación y el asesoramiento puede entenderse que es una prestación de medios o arrendamiento de servicios (a título de ejemplo, así se determina por la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Zaragoza, en su sentencia de 18 de junio de 2004; y por el Tribunal Supremo, en su sentencia de 10 de julio de 2003).

    En todo caso, existe un claro predominio del resultado, pues, tal y como tiene establecido la Audiencia Provincial de Zaragoza en su sentencia número 171/2010 de 19 de marzo del mismo año, en ello se asienta la prestación del consentimiento del cliente, llegando a constituir la causa negocial en el más puro sentido otorgado por el artículo 1274 Código Civil, según el cual:

    en los contratos onerosos se entiende por causa, para cada parte contratante, la prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra parte; en los remuneratorios, el servicio o beneficio que se remunera, y en los de pura beneficencia, la mera liberalidad del bienhechor”.

    Quiere significarse con ello que el contratista se obliga a un opus, esto es, a un resultado (contrato de arrendamiento de obra), lo que le distingue del mero arrendamiento de servicios, contrato en el que el contratista se limita a obligarse a desarrollar una actividad.

    El arrendamiento de obra, previsto en el artículo 1544 del Código Civil, es un contrato bilateral con obligaciones recíprocas del que se deriva para el contratista el derecho a obtener el cobro del precio, pero a título de contraprestación, es decir, a cambio de su prestación de entrega de la obra ejecutada.

    En concreto, el artículo 1544 del Código Civil lo define como aquel contrato en el que “una de las partes se obliga a ejecutar una obra o a prestar a la otra un servicio por precio cierto”.

    3. Incumplimiento total o parcial del contrato

    La valoración de si el contrato ha sido cumplido o no, no solo tiene un carácter subjetivo, sino que ha de estar sustentada en argumentos y razones objetivas que así lo acrediten de la manera más fehaciente posible. Existen situaciones en las que ante un (subjetivo) aparente incumplimiento total del contrato nos encontramos ante un incumplimiento parcial, o incluso ante una actuación correcta y conforme a Derecho, la cual no ha lugar a la resolución del contrato ni a indemnización alguna.

    Ante el incumplimiento que presuntamente se puede alegar como causa de la resolución e impago de lo contratado, es conveniente traer a colación que esta modalidad de acción de resolución contractual ha venido siendo interpretada por la doctrina jurisprudencial (a título de ejemplo, la sentencia número 566/2012 de la AP Islas Baleares, de 28 de diciembre de 2012) en el sentido de que “se está en presencia de entrega de cosa diversa o “aliud pro alio” cuando existe pleno incumplimiento por inhabilidad del objeto y consiguiente insatisfacción del comprador, al ser el objeto impropio para el fin que se destina, lo que permite acudir a la protección dispensada en los artículos 1.101 y 1.124 del Código Civil (SSTS 10-07- 2003, 27-02-2004, 4-04-2005, 21-10-2005, 14-02-2007, 23-03-2007)”, pero puntualizando que “la ineptitud del objeto para el uso a que debía ser destinado ha de entenderse como un incumplimiento total del contrato de manera que la acción resultará improsperable cuando se trate de un incumplimiento incompleto o defectuoso, que no autorice al ejercicio de la acción resolutoria del artículo 1124 del Código Civil y sólo permita la vía reparatoria, bien mediante la realización de las operaciones correctoras precias, bien a través de la reducción del precio”.

    En consecuencia, si el incumplimiento es total (y así consta debidamente acreditado) se podrá ejercer la acción de resolución del contrato; en caso contrario, no.

    Nacho-de-Diego

          Nacho de Diego | Socio LEAN Abogados

    Abogados Especialistas

    Llamada gratuita 900 102 722

    O, si lo prefieres, te llamamos

    Loading
    Call Now ButtonLlamada gratuita
    Share This