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  • Diligencias preliminares y actos preparatorios del pleito. ¿Puede solicitarse cualquier tipo de diligencia?

    19 abril, 2020
    La demanda judicial es el acto con que nuestras pretensiones quedan reflejadas ante el juzgado o tribunal

    La demanda judicial es el acto con que nuestras pretensiones quedan reflejadas ante el juzgado o tribunal, pero no se trata del primer trámite jurisdiccional que prevé la Ley de Enjuiciamiento Civil. El desconocido procedimiento de diligencias preliminares previsto en el artículo 256 y siguientes, establecido en caso de ignorar algún aspecto o circunstancia clave para formular la demanda, se reivindica como la única vía para que el actor pueda conocer previamente elementos como la identidad del demandado o la exhibición que obre en poder este último, preceptiva para ajustar las pretensiones.

    No obstante, la doctrina jurisprudencial consolidada ha sido tajante con respecto al alcance de este procedimiento. Prácticamente todas las audiencias han declarado que los supuestos que contempla el artículo 265.1 LEC, un listado taxativo de aspectos o circunstancias sobre las cuales se puede solicitar un acto preparatorio de la demanda, se configura como un numerus clausus de diligencias preliminares. En otras palabras, dicho procedimiento resulta improcedente cuando la misma finalidad que persiga se puede conseguir en los trámites del proceso judicial que pretende incoarse, dado que éste ya prevé actuaciones tales como pruebas, requerimientos, oficios o exhortos, trámites todos ellos que permiten recabar la información, cosa o documentación que el actor interesa. De lo contrario, podría usarse el procedimiento torticeramente para constituir una prueba anticipada, y eso es precisamente lo que el legislador quiere evitar al enumerar unos supuestos taxativos, fuera de los cuales no caben diligencias preliminares.

    Así lo recuerda, entre otras, la Audiencia Provincial en AP Cantabria, sec. 2ª, A 06-11-2015, nº 169/2015, rec. 438/2015:

    “Debe además tenerse presente que la vía de las diligencias preliminares no puede recorrerse con la intención de anticipar la práctica de prueba que deberá proponerse y practicarse dentro del eventualmente ulterior proceso con arreglo a las normas establecidas; o que el artículo 265 LEC (EDL 2000/77463) que a la vez que exige la aportación, junto con la demanda, de los documentos en que las partes funden su derecho a la tutela judicial, recoge la hipótesis de que tales documentos no se encuentren a disposición del litigante, en cuyo caso bastará que, en dicho momento inicial de la litis, se designe el archivo, protocolo o lugar en que se encuentren, o el registro, libro registro, actuaciones o expediente del que se pretenda obtener una certificación.”

    El artículo 265.1 LEC determina esas únicas medidas preparatorias que se pueden ventilar como diligencias preliminares, y admite poca interpretación más allá de la literal: en primer lugar, información que sólo tenga que ver con la capacidad, representación o legitimación de quien sería demandado, por ejemplo sobre la propiedad de un inmueble o la representación de una sociedad, a los meros efectos de saber contra quien dirigir la demanda, no para saber si a quien quiero demandar es responsable civil de los hechos en que se fundará la pretensión, pues eso supondría una práctica anticipada de la prueba sobre el fondo del asunto fuera del procedimiento ordinario o verbal carente de las garantías procesales, tal y como pretende el actor. Dice el artículo 265.1.1º: “Por petición de que la persona a quien se dirigiría la demanda declare, bajo juramento o promesa de decir verdad, sobre algún hecho relativo a su capacidad, representación o legitimación, cuyo conocimiento sea necesario para el pleito, o exhiba los documentos en los que conste dicha capacidad, representación o legitimación.”; en segundo lugar, para exhibir una cosa sobre la que verse el pleito y que obre en poder de a quien se pretende demandar;  y el resto son supuestos taxativos y determinados, solo para casos especiales (herencia, documentación clínica, libros de comunidad, libros contables, etc…).

    En definitiva, no se deja la puerta abierta a solicitar cualquier información o documentación, pues la regulación de las diligencias preliminares lo es con carácter de numerus clausus. E, incluso en el supuesto del artículo 256.1.2º, sobre la exhibición de la “cosa que tenga en su poder”, que es quizá el que admitiría una interpretación más flexible, dado que por “cosa” se podría considerar cualquier bien determinado —y en tal sentido la imaginación es prolífica—, la jurisprudencia ha dejado claro que por ello se entiende una cosa mueble y tangible que no sea un documento, pues este último tipo de objeto ya cuenta con sus casos expresamente previstos en el mismo artículo. Así lo recuerda la muy reciente AP Cantabria, sec. 2ª, A 21-05-2019, nº 145/2019, rec. 1067/2018:

    “si bien la parte actora intenta subsumir la diligencia solicitada en la prevista en el art. 256.1.2º de la L.E.C (EDL 2000/77463) , es decir, en la exhibición de cosa que se halle en poder de la demandada, lo cierto es que, como también tiene dicho esta Sección, la exhibición de cosa a que se refiere tal precepto es a la exhibición de cosa mueble, no la exhibición de documentos, ya que la exhibición de estos tiene su cabida en los otros supuestos específicos que prevé el art. 256.1 de la L.E.C. (EDL 2000/77463), que no recogen el caso concreto de que se trata.”

    No son pocos los casos en los que, ignorando esta consolidada doctrina jurisprudencial, muchos se aventuran a solicitar como diligencia preliminar la exhibición de cualquier documento con el único pretexto de que “obra en poder de a quien se pretende demandar” o se solicita la manifestación de determinado hecho, circunstancias o información para traerla a colación al relato fáctico de su demanda, cuando ello debe acreditarse a través de los medios probatorios ordinarios del proceso. La consecuencia de ello puede ser —y con frecuencia es— la oposición fundada del requerido a la práctica de la diligencia preliminar (artículo 260 LEC) y el correspondiente auto estimando dicha oposición y la consecuente condena en costas que, por supuesto, se prevé en este procedimiento (artículo 262 LEC). 

    Manuel Sánchez Bercedo | Abogado LEAN Abogados

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