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  • ¿Qué hacer para presentar una cuestión prejudicial en los tribunales de la Unión Europea?

    26 marzo, 2021
    ¿Qué sucede cuando un tribunal español plantea o “eleva” la cuestión objeto de debate al Tribunal de Justicia de la Unión Europea?
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    Para ejercer el control jurisdiccional del Derecho de la Unión Europea (UE), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dispone de un número limitado de competencias, las cuales están previstas en el denominado Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y que se traducen en un conjunto de recursos de los que conocen las tres instancias del TJUE. Entre ellos se encuentra la denominada “cuestión prejudicial”.

    Si acudimos al diccionario de la Real Academia Española observamos que este concepto se define de una doble manera:

    • Por un lado, dícese del “asunto que, con carácter previo, debe resolverse por una jurisdicción distinta o por la propia que está conociendo de un proceso”.
    • Por otro lado, dícese de la “cuestión que, a petición de los tribunales de los Estados miembros cuando aplican derecho comunitario, corresponde decidir a los órganos jurisdiccionales de la Unión Europea”.

    Como bien habrá podido apreciar el lector nos vamos a centrar en la segunda de las acepciones; más en concreto cuando es un tribunal español quien plantea o “eleva” la cuestión objeto de debate al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

    Esta cuestión planteada es, en si misma, una herramienta accesoria del procedimiento judicial principal (en nuestro caso, el español) que nos ofrece el ordenamiento jurídico y que asegura y garantiza la aplicación homogénea del Derecho de la Unión Europea con la finalidad de no tener interpretaciones distintas en relación con la misma norma. El mismo TJUE[1] lo ha definido como (el resaltado en negrita es del autor):

    un mecanismo fundamental del Derecho de la Unión Europea, que tiene por objeto proporcionar a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros los medios para que la interpretación y la aplicación de este Derecho sean uniformes en la Unión”.

    A nivel comunitario, como se ha adelantado ya, encontramos su regulación en el artículo 267 del TFUE (antiguo artículo 234), según el cual se dispone que:

    El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para pronunciarse, con carácter prejudicial:

    1. a) sobre la interpretación de los Tratados;
    2. b) sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión;

    Cuando se plantee una cuestión de esta naturaleza ante un órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros, dicho órgano podrá pedir al Tribunal que se pronuncie sobre la misma, si estima necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo.

    Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional, cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, dicho órgano estará obligado a someter la cuestión al Tribunal.

    Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional en relación con una persona privada de libertad, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciará con la mayor brevedad”.

    El Juez nacional es el llamado a aplicar la ley con carácter ordinario y, como se pretende que esa aplicación sea uniforme en todos los Estados miembro, se busca una interpretación unitaria por el TJUE a través de la cuestión prejudicial que plantea el Juez nacional cuando tiene dudas acerca del alcance y/o interpretación de la norma comunitaria para que, una vez resuelta la cuestión por el TJUE, el juez nacional resuelva el fondo del asunto ante él planteado.

    Por tanto, las cuestiones prejudiciales solo pueden plantearse por los órganos jurisdiccionales. En España carecemos de una regulación concreta y, por analogía, se aplican las normas referidas a cuestiones de inconstitucionalidad. Así las cosas podemos distinguir dos fases:

    • Ante el juez nacional: se da trámite de audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal para que, junto con toda la documentación y antes de dictar sentencia, se eleve la cuestión concreta al TJUE mediante Auto, en la que haga saber a las partes la idoneidad del planteamiento de la cuestión prejudicial con los elementos básicos que pueden suscitar la necesidad y que el/la misma tiene efectos suspensivos del litigio nacional. En la resolución dictada por el juez nacional es necesario detallar:
      • Hechos objeto de la controversia (tras la valoración de prueba). 
      • Legislación nacional y jurisprudencia nacional (adjuntar como anexo) si es de carácter interpretativo la cuestión. 
      • Normativa comunitaria a interpretar (o cuya validez se suscita). 
      • Fundamentación de la necesidad de formular la cuestión prejudicial. 
      • Pregunta o preguntas concretas que se hacen al Tribunal.
    • Ante el TJUE: consta a su vez de dos sub fases:
      • La primera (escrita), en la que pueden realizar alegaciones las partes en el litigio, Estados miembro y las propias instituciones;
      • la segunda (no en todas las ocasiones), se celebra una audiencia pública y se oyen las argumentaciones del Abogado General para, después, dictar sentencia.

    Mientras se tramita la cuestión prejudicial ante el TJUE se suspende el procedimiento principal (en nuestro caso, el español), sin perjuicio de que cabe la posibilidad de que las partes puedan solicitar la adopción de medidas cautelares.

    Una vez que el TJUE resuelve la cuestión prejudicial y dicta sentencia, ésta tiene eficacia “erga omnes, esto es, obliga a todos los Estados miembros de la Unión Europea; y, a su vez, vincula con autoridad de cosa juzgada al juez que planteó la cuestión (en nuestro caso, el juez nacional), quien debe aplicar la norma de la UE de conformidad con la interpretación dada por el TJUE en su sentencia. Asimismo, si la sentencia es “interpretativa”, los tribunales de los Estados miembro han de tener en consideración desde el principio la decisión adoptada cuando se encuentren con la misma situación; si, por su parte, la sentencia es “de validez, ello producirá como consecuencia que la norma objeto de debate en la cuestión prejudicial mantenga su eficacia o la pierda.

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