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  • Responsabilidad del administrador por deudas sociales.

    17 febrero, 2020
    En qué casos los administradores de una sociedad limitada o anónima pueden responder con su patrimonio directamente por las deudas.

    La propia esencia de las “Sociedades de Capital” (término empleado por el Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, 2 de julio, que regula en nuestro ordenamiento los diversos tipos de sociedades) implica la ausencia de responsabilidad directa de los socios y administradores por las deudas que pueda contraer la empresa (de ahí sus nombres: “Sociedad Anónima” -SA- o “Sociedad de Responsabilidad Limitada” -SL-).

    1. Tipos de responsabilidad.

    Sin embargo, nuestro ordenamiento jurídico contempla varios supuestos en los que los administradores de sociedades, no así quienes sean meros socios o partícipes, responden con su patrimonio personal frente a los acreedores de la sociedad, debiendo distinguirse dos tipos de responsabilidad:

    1º) responsabilidad objetiva (cuya apreciación no requiere que el administrador incurra en algún acto culposo o doloso, sino la mera producción de alguno de los eventos contemplados en la norma);

     

    2º) responsabilidad subjetiva (derivada de algún acto u omisión concreto imputable al administrador y que ocasiona el daño al acreedor).

    El segundo tipo de responsabilidad mencionado es fácilmente comprensible y se corresponde con el principio tradicional de nuestro ordenamiento que establece que quien causa un daño de forma imprudente, negligente o dolosa debe repararlo.

    2. Responsabilidad objetiva.

    Respecto a la responsabilidad objetiva del administrador por deudas sociales, intentaremos explicar en este artículo, de una forma sencilla y comprensible, en qué supuestos se produce y qué datos y elementos han de considerarse, tanto por el administrador que quiera evitar incurrir en este tipo de responsabilidad, como por el acreedor de una sociedad que se plantee la reclamación de la deuda a la persona física que administra tal empresa.

    Como reflexión previa a tal estudio, cabe decir que esta cuestión de la responsabilidad personal del administrador por deudas sociales no es en absoluto residual ni excepcional. Han sido muchos los administradores (principalmente de pequeñas y medianas empresas) que, sobre todo a raíz de la reciente crisis económica, se han visto abocados al pago de las deudas sociales con cargo a su propio patrimonio tras haber cesado la actividad de la empresa por cuestiones económicas, en muchos casos de forma evitable, bien por falta de conocimiento o asesoramiento sobre cómo proceder, bien por mera dejadez causada por la desesperación de la situación de la empresa.

    Los preceptos legales en los que se fundamentan la gran mayoría de acciones judiciales de responsabilidad de los administradores por deudas sociales son los artículos 363 y 367 de la Ley de Sociedades de Capital de 2010 anteriormente citada, que disponen:

    Artículo 363:

    1 . La sociedad de capital deberá disolverse: (…)

    e ) Por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente , y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso .

    Artículo 367:

    1. Responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución los administradores que incumplan la obligación de convocar en el plazo de dos meses la junta general para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución, así como los administradores que no soliciten la disolución judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución o al concurso.

    En estos casos las obligaciones sociales reclamadas se presumirán de fecha posterior al acaecimiento de la causa legal de disolución de la sociedad, salvo que los administradores acrediten que son de fecha anterior.

    3. Responsabilidad personal por consignación de menos del 50% del capital social.

    En términos sencillos y prácticos, lo anterior quiere decir que, por el simple hecho de consignar en las cuentas anuales de la sociedad un Patrimonio Neto o Fondos Propios inferior a la mitad del capital social, el administrador de la empresa incurre en responsabilidad personal por las deudas que contraiga la empresa en cualquier tipo de operación comercial realizada en el ejercicio siguiente al de tales cuentas anuales .

    Veamos dónde consta o puede apreciarse tal evento en las cuentas anuales que se publican en el Registro Mercantil y a las que cualquier persona puede acceder:

     

     

     

     

     

    La anterior imagen recoge un ejemplo típico y paradigmático de incursión de la sociedad en causa de disolución en el ejercicio 2012. Mientras que en 2011 mantenía un patrimonio neto superior al capital social (33.780,80 € > 24.040,48 €), a consecuencia de las pérdidas económicas padecidas en 2012 (superiores a 40.000 €), el patrimonio neto pasa a valores negativos y, por tanto, inferiores a la mitad del capital social (24.040,48/2=12.020,24).

    Ante tal situación y salvo que el administrador tome y formalice en los dos meses siguientes las decisiones oportunas (disolución de la sociedad, presentación de concurso, aumento o reducción de capital), éste incurrirá en responsabilidad personal respecto a cualquier deuda que se genere con posterioridad, de la que deberá responder con su patrimonio personal.

    4. ​¿Qué sucede si no se formulan cuentas anuales?

    Es también muy habitual que, ante dificultades económicas y pérdidas de las sociedades, sus responsables o sus gestores contables decidan no formular ni presentar cuentas anuales para evitar así exteriorizar la situación.

    Obviamente, tal falta de presentación de cuentas anuales no evita la incursión en responsabilidad personal del administrador por deudas sociales, sino que en estos casos se presume que se han producido esas pérdidas y esa reducción del patrimonio neto por debajo del capital social; tal presunción se califica por la doctrina como “iuris tantum”, es decir, susceptible de prueba en contrario, lo que quiere decir que corresponde al administrador probar qué patrimonio neto tenía la sociedad y si era superior a la mitad del capital social, lo que en muy pocos casos consigue, resultando en la práctica que esa falta de presentación de cuentas anuales da lugar a la declaración de responsabilidad personal por las deudas generadas en los ejercicios siguientes (y a criterio de muchos de nuestros Juzgados de lo Mercantil, también en el mismo ejercicio en el que no se formulan y presentan las cuentas). En palabras de nuestros jueces y magistrados:

    “(…) la falta de depósito de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios posteriores a 2007 constituye un elocuente indicio de insolvencia y despatrimonialización que deviene prueba de acuerdo con el principio de disponibilidad probatoria consagrado en el artículo 217.7 de la LEC ante la total ausencia de prueba a cargo del demandado sobre la solvencia patrimonial de la sociedad a partir del ejercicio 2008, siendo así que ante tales carencias probatorias debe prevalecer la presunción de precedencia cronológica de la causa de disolución respecto del nacimiento de las obligaciones reclamadas (…)”

    “En suma, que la no presentación de las cuentas anuales en el Registro Mercantil no constituye por sí causa de disolución de la sociedad anónima pero sí trae consigo la inversión de la carga de la prueba respecto a la existencia de la causa de disolución 4ª del art. 260 de la Ley de Sociedades Anónimas , debiendo ser los administradores demandados quienes acrediten que la sociedad no ha incurrido en pérdidas que lleven consigo la disminución del patrimonio neto a cifra inferior a la mitad del capital social.”

    5. ​Plazo para reclamar al administrador.

    Por último, debe también tenerse en cuenta cuál es el plazo para reclamar al administrador tal responsabilidad personal por deudas sociales: “CUATRO AÑOS a contar desde el día en que hubiera podido ejercitarse” (artículo 241.bis de la Ley de Sociedades de Capital). A criterio del autor de este artículo, es una decisión muy poco acertada del Legislador fijar el momento de inicio de la acción en un evento tan abstracto o indeterminado como “el día en que hubiera podido ejercitarse”, sobre todo comparado con la normativa anterior donde se fijaba tal inicio en la fecha de cese del administrador, mucho más específica e incuestionable al tener tal cese acceso al Registro Mercantil.

    En todo caso, teniendo en cuenta que la causa de disolución de la sociedad que provoca la responsabilidad del administrador ha de ser previa a la deuda u obligación social, parece que ese día inicial para el cómputo de los cuatro años de prescripción habrá de coincidir casi siempre con el de la liquidez y exigibilidad de la deuda contraída por la sociedad.

    Iván san Primitivo Arias | Abogado LEAN Abogados

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