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  • La prescripción de las acciones personales para reclamar a los deudores

    23 diciembre, 2020
    Los acreedores que tengan deudas pendientes de cobro no tienen mucho tiempo para para poder exigir a sus deudores el cumplimiento de las obligaciones.

    El Concurso de acreedores necesario

    La ley establece un incentivo para los acreedores diligentes que, para salvaguardar su patrimonio, créditos y los del resto de acreedores, insta la solicitud de concurso.

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    Los acreedores que tengan deudas pendientes de cobro no tienen mucho tiempo para para poder exigir a sus deudores el cumplimiento de las obligaciones. 

    El artículo 1964 del Código Civil fue modificado por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, estableciendo un nuevo plazo de prescripción para las acciones personales que no tengan señalado término especial de prescripción, y redujo el plazo de este régimen general de los 15 años, a los 5 años actuales.

    Fruto de esta modificación, todas las deudas contraídas después del día 7 de octubre de 2015, fecha de entrada en vigor de la Ley 42/2015, prescribirían a los 5 años, desde el momento en el que pudieron ejercitarse. Las contraídas con anterioridad a esa fecha prescribirían también, si no lo han hecho ya por el transcurso del plazo de los 15 años, el día 7 de octubre de 2020.

    El régimen transitorio contenido en el artículo 1393 del Código Civil establece una regla general: que la prescripción se rige por la ley vigente en el momento de iniciarse el plazo para la prescripción de la acción. Sin embargo, también establece una excepción: que si el nuevo plazo de prescripción transcurre, surtirá ésta su efecto, aunque por dichas leyes anteriores se requiriese un mayor lapso de tiempo.

    El Tribunal Supremo, en su Sentencia 29/2020, de 20 de enero, RJ 2020/647, establece las distintas situaciones que se pueden dar, siempre que no se hubiera interrumpido la prescripción, de la forma que veremos más adelante:

    1. Relaciones jurídicas nacidas antes del 7 de octubre de 2000. Estarían prescritas a la entrada en vigor de la nueva Ley.
    2. Relaciones jurídicas nacidas entre el 7 de octubre de 2000 y el 7 de octubre de 2005. En aplicación de la regla de transitoriedad del art. 1939 CC, no prescriben hasta el 7 de octubre de 2020.
    3. Relaciones jurídicas nacidas entre el 7 de octubre de 2005 y el 7 de octubre de 2015. En aplicación de la regla de transitoriedad del art. 1939 CC, no prescriben hasta el 7 de octubre de 2020.
    4. Relaciones jurídicas nacidas después del 7 de octubre de 2015. Se les aplica el nuevo plazo de 5 años, conforme a la vigente redacción del art. 1964 CC.

    Sin embargo, como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y mediante DA 4ª del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación, se suspendieron los plazos de prescripción y caducidad durante el plazo de vigencia del mismo y de las prórrogas que se adoptaren, que se extendió hasta el día 4 de junio, fecha en la que se alzó la suspensión mediante el Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, que en su artículo 10 establece que, con efectos desde el 4 de junio de 2010, se alzará la suspensión de los plazos de prescripción y caducidad de derechos y acciones.

    Por lo tanto, y tras la declaración del estado de alarma el 7 de octubre de 2020, día en el que según hemos vistos se iba a producir la prescripción de todas las relaciones jurídicas nacidas entre el 7 de octubre de 2005 y el 7 de octubre de 2015, ya no se produjo la indicada prescripción, por motivo de la suspensión de los plazos ocasionada según hemos visto.

    Esta suspensión provocó un paréntesis en el cómputo de los plazos de prescripción a los que nos estamos refiriendo, y una vez alzada la suspensión, se reanudaron los plazos y el computo de los mismos, por lo que transcurrieron 82 días en los que estos plazos estuvieron suspendidos y estos mismos días son los que tenemos que aumentar por lo tanto al día 7 de octubre para determinar el tiempo para la prescripción.

    En consecuencia, todas las acciones personales que no tengan plazo de prescripción específico prescribirán el próximo 28 de diciembre de 2020.

    Para evitar la prescripción de la deuda, el acreedor debe interrumpirla, y según establece el artículo 1973 del Código Civil, se interrumpe por su ejercicio ante los Tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor.

    El efecto que produce la interrupción de la prescripción es el comienzo del cómputo de un nuevo plazo, de 5 años, según establece el artículo 1964.2 del CC, después de la modificación operada por la Ley 42/2015.

    Queda poco tiempo para reclamar las deudas, hasta el 28 de diciembre. Por eso le recomendamos que lo haga lo antes posible y se ponga en manos de un profesional para que le asesore en la forma de hacerlo.

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