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  • Ley Concursal: La inutilidad e inseguridad de los Reales Decretos- Ley 8/2020 y 16/2020

    Plantearse la solicitud de un concurso de acreedores es una cuestión que todo empresario puede o debe plantearse en un momento como éste.

    La pandemia originada por el Coronavirus Covid-19 ha provocado un parón sin precedentes de la actividad económica. Además, la prohibición de despidos y el mantenimiento de la obligación de pago de impuestos y cotizaciones están llevando a muchas empresas a una situación límite.

    Plantearse la solicitud de un concurso de acreedores es una cuestión que todo empresario puede o debe plantearse en un momento como este, en el que la tesorería ha disminuido y muchos pagos se han aplazado o se tendrán que refinanciar. 

    Las dos últimas modificaciones, mediante los Reales Decretos- Ley 8/2020 y 16/2020, que había realizado el Gobierno podían o debían influir en la decisión de cada uno, sin perder de vista las dos cuestiones más importantes para todo empresario: su responsabilidad patrimonial y la continuidad de la empresa o negocio.

    Primero el Real Decreto-Ley 8/2020 nos otorgaba un plazo de dos meses a contar desde la finalización del estado de alarma para que toda empresa pudiera decidir si presentaba o no un concurso voluntario de acreedores y no permitía que los acreedores presentar un concurso necesario contra el deudor. 

    Esta medida nos podría dar margen a fin de recabar algo de tesorería para hacer frente a los créditos, ya fueran refinanciados o dentro del concurso, porque evitaba que un acreedor pudiera interponer un concurso necesario, por lo que puede ayudar para la continuidad de la empresa, eso sí, si el empresario deudor impaga a parte de sus acreedores y mantiene una buena tesorería. 

    Pero que no nos engañen, en términos de culpabilidad y responsabilidad patrimonial, este plazo ya existía en la Ley Concursal desde que la empresa se encontraba en un estado de insolvencia. En otras palabras, desde el momento en que la empresa no tenía tesorería suficiente para afrontar los pagos, la Ley Concursal concedía a un plazo de dos meses para que el empresario acudiese a un abogado para que le consultara, preparara y presentara un concurso de acreedores voluntario, de manera que el empresario no pudiese ser calificado como culpable en la gestión por esta causa y responsable personal de todas las deudas de la empresa. En román paladino: para que no pudiera ser condenado judicialmente al pago de todas las deudas de la empresa por haber presentado tarde el concurso de acreedores voluntario.

    Sin embargo, la referida modificación de la Ley Concursal mediante el Real Decreto-Ley 8/2020 fue una pérdida de tiempo inútil para todos, pues resultó inaplicable con su modificación mediante el Real Decreto-Ley 16/2020. Este texto volvió a cambiar las reglas del juego, pues alargó el plazo de los dos meses desde el fin del Estado de Alarma hasta el día 31 de diciembre de 2020, por lo que el deudor no tenía el deber de presentar un concurso voluntario hasta esa fecha (nada lo impedía pero tampoco era obligatorio, por lo que pasaba de ser un deber a un derecho), y no permitía al acreedor interponer un concurso necesario contra su deudor, por lo que libera al deudor de ese deber.

    Esta modificación podía ayudar mínimamente al empresario, a quien aparentemente le podía dar tiempo (para organizarse, pactar con acreedores, refinanciarse y/o impagar a algunos proveedores para intentar conseguir más tesorería y dar continuidad al negocio dentro del futuro concurso). Sin embargo, en realidad, donde la Administración más ha ayudado realmente es quizás donde menos se lo esperaba, pues ha dado tiempo al empresario para arreglar o modificar con anterioridad a la presentación del concurso todas las pequeñas “irregularidades” administrativas y/o burocráticas que le podían calificar como culpable patrimonialmente conforme a una sección de calificación hecha por quien nunca ha llevado una empresa o conseguida por la presión del lobby bancario como escarmiento al empresario hundido.

    En realidad, estas medidas de las últimas semanas no han dejado de ser parches para intentar salvar el colapso de los juzgados mercantiles, no para ayudar al empresario. Hoy, por fin, han aprobado el Real Decreto Legislativo 1/2020 por el que se aprueba el nuevo texto refundido de la Ley Concursal, esperemos que esté mejor que las anteriores normas y ayude a la viabilidad de la empresa y a que ser empresario deje de ser un deporte de riesgo. 

    Iñaki Frade Juanola | Socio LEAN Abogados

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