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  • Calcular la indemnización de daños y perjucios cuando la empresa vulnera los derechos fundamentales del trabajador

    15 octubre, 2020
    ¿Cómo calcular la indemnización por daños morales caundo una empresa vulnera los derechos fundamentales de un trabajador?

    1. Indemnización por daños morales

    Es cada vez más frecuente en la práctica jurídica que la interposición por parte de los trabajadores de acciones cuyo fundamento se basa en la vulneración de derechos fundamentales se acompañe con la reclamación de una indemnización por daños morales.  ¿Es posible reclamar una indemnización por daños morales en esos casos? Y, si lo es, ¿cómo se puede cuantificar la  cantidad que se puede reclamar por este concepto? Trataremos de aclararlo en las siguientes líneas.

    2. Regulación normativa

    El precepto aplicable es el art. 183 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ubicado en el Capítulo XI, Título II (de las Modalidades Procesales) del Libro II de la LRJS, bajo el epígrafe: “De la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas“, que señala que:

    “Cuando la sentencia declare la existencia de vulneración, el juez deberá pronunciarse sobre la cuantía de la indemnización que, en su caso, le corresponda a la parte demandante por haber sufrido discriminación u otra lesión de sus derechos fundamentales y libertades públicas, en función tanto del daño moral unido a la vulneración del derecho fundamental, como de los daños y perjuicios adicionales derivados.

    2. El tribunal se pronunciará sobre la cuantía del daño, determinándolo prudencialmente cuando la prueba de su importe exacto resulte demasiado difícil o costosa, para resarcir suficientemente a la víctima y restablecer a ésta, en la medida de lo posible, en la integridad de su situación anterior a la lesión, así como para contribuir a la finalidad de prevenir el daño.

    3. Esta indemnización será compatible, en su caso, con la que pudiera corresponder al trabajador por la modificación o extinción del contrato de trabajo o en otros supuestos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores y demás normas laborales”.

    A este respecto, hay que citar la sentencia de 5 de febrero de 2013 del Tribunal supremo, que dice:

    “el Tribunal Constitucional afirma que la cuantificación del daño o perjuicio derivado de la conducta infractora del derecho fundamental en cuestión se puede y debe basar en las propias características (gravedad, reiteración y otras circunstancias concurrentes) de dicha conducta infractora, que ha sido objeto de prueba en el proceso”.

    Y a partir de ahí, añade que esos daños pueden ser tanto

    “económicos perfectamente cuantificados como daños morales… de más difícil cuantificado pero cuya realidad no puede negarse, concretando que entre esos daños morales la demandante de amparo sufre un daños psicológico que con independencia de otras consecuencias que pueden depender de las condiciones personales el sujeto afectado se da en todo caso, sin que se factible a veces aportar prueba concreta del perjuicio causado y de su cuantificación monetaria, dada su índole”.

    Por tanto, la vulneración de derechos fundamentales puede generar daños de conformidad con el art. 1101 del Código civil.

    Ahora bien, debiendo cuantificarse el daño moral, surge el arduo problema de su ponderación económica. Y es que ya se indica en las sentencias del Tribunal Supremo de 11 de febrero de 2015 y 29 de enero de 2013 (recursos 95/2014 y 89/2012) que el sujeto con el daño moral “sufre un daño psicológico que, con independencia de otras consecuencias que puedan depender de las condiciones personales del afectado, se da en todo caso, sin que sea factible a veces aportar prueba concreta del perjuicio sufrido y de su cuantificación monetaria, dada su índole”. La sentencia del Tribunal Constitucional nº 246/2006 de 24 de julio abrió el camino en la difícil tarea de fijar indemnización reparadora del daño moral (pretium doloris), ante la dificultad de objetivar económicamente lo incuantificable (el dolor). No obstante, en la citada sentencia se convalida como parámetro objetivo adecuado la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social 5/2000 (LISOS).

    El artículo 8. 12 la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social tipifica como falta muy grave “las decisiones unilaterales de la empresa que impliquen discriminaciones directas o indirectas desfavorables por razón de edad o discapacidad o favorables o adversas en materia de retribuciones, jornadas, formación, promoción y demás condiciones de trabajo, por circunstancias de sexo, origen, incluido el racial o étnico, estado civil, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación sexual, adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de parentesco con otros trabajadores en la empresa o lengua dentro del Estado español, así como las decisiones del empresario que supongan un trato desfavorable de los trabajadores como reacción ante una reclamación efectuada en la empresa o ante una acción administrativa o judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminación”.

    A su vez, el artículo 40.1.c) contempla como sanción una multa en su grado mínimo, de 6.251 a 25.000 euros, en su grado medio de 25.001 a 100.005 euros; y en su grado máximo de 100.006 euros a 187.515 euros. Por lo tanto, la empresa que vulnere los derechos fundamentales de sus trabajadores se puede encontrar con una condena en concepto de indemnización por daños morales entre 6.251 euros y 187.515 euros, siempre teniendo en cuenta la gravedad de la infracción, y el principio de proporcionalidad de las sanciones. Es, como vemos, una cuestión a tener muy en cuenta antes de tomar decisiones que pudieran considerarse vulneradoras de los derechos fundamentales de los trabajadores.

    3. Conclusiones

    La posibilidad de solicitar una indemnización por daños morales cuando una sentencia declare la existencia de vulneración de derechos fundamentales está expresamente prevista en nuestro ordenamiento jurídico. La dificultad en cuanto a la cuantificación de los mismos ha sido resuelta por los juzgados y tribunales mediante la aplicación de los preceptuado en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS).


    Enrique Rodríguez Sánchez
    | Socio LEAN Abogados

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