El País. Madrid, 17 de julio 2018

Tomás Lamarca, socio de la firma Lean abogados, recuerda que el decreto 12/2012, que regulaba la norma ya establecía la confidencialidad de los datos. “Cambiarlo ahora provocaría inseguridad jurídica y atentaría contra el principio de confianza legítica con la Administración”, explica este especialista tributario.