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  • Responsabilidad de los Administradores ante la crisis del Covid-19

    13 abril, 2020
    A lo largo de la presente crisis un gran número de pymes entrarán en situación de insolvencia o de concurso. ¿Cuál es la labor del administrador societario?

    En la situación actual de crisis socio-económica motivada por la expansión el virus COVID-19, se prevé que un gran número de pequeñas y medianas empresas (“Pymes”) entren en situación de insolvencia y/o en situación concursal. 

    1. La labor del administrador societario

    Dada la situación actual, los administradores de sociedades limitadas y anónimas deberán cuidar con especial atención el cumplimiento de sus deberes como administradores sociales. En este sentido, deben ser capaces de acreditar una actuación diligente en el desarrollo de sus funciones y obligaciones societarias previstas legalmente, a fin de evitar que le sea derivada la responsabilidad de las sociedades que administran como consecuencia de haberse originado una causa o situación de insolvencia, disolución o concurso en dicha sociedad.

    Deberá atenderse especialmente a la posible concurrencia de una causa legal o estatutaria de disolución.

    2. Causas y opciones de acuerdo

    Las causas legales de disolución están previstas en el artículo 363 de la Ley 1/2010 de Sociedades de Capital (“LSC”), dentro de las cuales destacamos la letra e), según la cual la sociedad deberá disolverse “Por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso”.

    En estos casos, establece el artículo 365.1 LSC que “Los administradores deberán convocar la junta general en el plazo de dos meses para que adopte el acuerdo de disolución o, si la sociedad fuera insolvente, ésta inste el concurso.

    Los acuerdos de la Junta de socios generalmente irán dirigidos a:

    • Realizar una ampliación de capital o aportación de socios que incremente el patrimonio neto por encima del límite legal de disolución. También cabe la denominada “operación acordeón”, que supone que simultáneamente se realiza una disminución y una ampliación de capital (artículo 343 LSC).
    • Acordar la disolución de la compañía, mediante una liquidación ordenada de los activos sociales, por la cual se debe satisfacer en primer lugar a los acreedores y, en caso de remanente, de distribuirá entre los socios de forma proporcional a su participación en el capital social.
    • A promover la presentación de concurso voluntario de la sociedad, en los términos previstos en la Ley 22/2003 Concursal, cuando la sociedad se encuentre en situación de insolvencia e imposibilidad de satisfacer las deudas que mantiene con una pluralidad de acreedores.

    3. Consecuencias y recomendaciones

    Con carácter adicional hay que tener en cuenta que, además de la responsabilidad por las deudas sociales prevista en caso de incumplimiento de sus deberes legales (artículos 225 y siguientes LSC), el Código Penal también contempla la comisión de delitos por parte de los administradores sociales por falta de cumplimiento de dichos deberes sociales, como son los delitos de administración desleal, insolvencia punible o los denominados delitos societarios.

    Estas previsiones también serán aplicables a los denominados administradores de hecho, es decir, a aquellas personas que, aunque no hayan sido formalmente nombradas e inscritas como tales en el Registro Mercantil, hayan desempeñado de hecho las funciones que corresponden a los administradores sociales, de modo que se les exige el mismo grado de diligencia.

    Es por ello que recomendamos en estos momentos de crisis en los que la facturación de las empresas puede verse afectada considerablemente, todo administrador de derecho o de hecho conozca exactamente en qué situación se encuentra la sociedad o sociedades que administra, por si fuera necesario convocar una junta de socios con la finalidad de promover una ampliación de capital para evitar incurrir en causa estaturaria o legal de disolución, promover la misma disolución de la sociedad (con una liquidación ordenada de sus activos) o bien solicitar un concurso voluntario, todo ello dentro de los plazos legalmente establecidos al efecto.

    Iñaki Frade | Socio LEAN Abogados

    Especialistas en Derecho Mercantil

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