• inicio
  • mercantil
  • que hacer cuando un socio quiere marcharse y que cuando es la sociedad la que quiere apartarlo
  • Qué hacer cuando un socio quiere marcharse y qué cuando es la sociedad la que quiere apartarlo

     

    12 marzo, 2020
    ¿Qué pasa si pierdo la confianza en mis socios y quiero dejar la sociedad? O, al contrario, ¿hay alguna manera de deshacerme de un socio que me ha decepcionado o, peor, defraudado?

    Un dicho muy utilizado por los notarios cuando se dispone a autorizar la escritura de constitución de una sociedad creada por dos socios es que estos “están metiéndose en algo muy similar a un matrimonio”. El dicharacho tiene mucho de verdad, sobre todo en el caso de las sociedades, generalmente limitadas, compuestas por un número reducido de socios. La realidad de las PYMES en España muestra que la relación de amistad y confianza entre socios previa a la constitución de la compañía es un ingrediente presente en un elevado porcentaje de los casos. Todos sabemos que no hay matrimonio que no esté expuesto a la ruptura, así que no digamos una sociedad mercantil, en la que el amor y el dinero son una misma cosa.

    De modo que nos encontramos ante una de las facetas del derecho societario más desconocida entre los socios de las pequeñas empresas: ¿Qué pasa si pierdo la confianza en mis socios y quiero dejar la sociedad? O, al contrario, ¿hay alguna manera de deshacerme de un socio que me ha decepcionado o, peor, defraudado? Pues sí, el derecho de sociedades da respuesta a estas desagradables situaciones mediante dos figuras que, en realidad, son dos caras de una misma moneda: exclusión y separación de socio. La exclusión es el procedimiento para sacar de la sociedad al socio que ha devenido indeseable, mientras que el derecho de separación es el cauce que asiste al socio que ha visto defraudadas sus expectativas y decide abandonar la sociedad.

    Ambas cuestiones han adquirido una especial relevancia en el ámbito de las sociedades profesionales, puesto que, de unos años a esta parte, han proliferado vertiginosamente las agrupaciones de médicos, abogados, economistas, etc… y también las uniones de profesionales de diferentes disciplinas (por ejemplo, abogados, economistas, arquitectos y/o ingenieros en firmas de asesoramiento y gestión urbanística y promoción inmobiliaria), siempre bajo la forma de sociedad mercantil profesional. En todos estos casos, la mutua confianza en el buen hacer entre socios está en los cimientos del propio negocio. Si esta confianza se quiebra respecto de alguno de los socios profesionales, su continuidad en el proyecto será del todo inviable.

    El legislador, consciente de la importancia de dar una respuesta a esta problemática de la manera más pragmática y expeditiva posible, ha regulado los derechos de separación y exclusión de socios en los artículos 346 a 359 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), si bien dicha regulación ha suscitado importantes problemas prácticos de los que nos haremos eco más adelante.

    Comenzaremos por el derecho de separación, es decir, el derecho que asiste a todo socio para abandonar la sociedad, y respecto del cual hay que hacer una primera consideración: no es un derecho incondicional. El art. 346 LSC enumera una serie de causas que habilitan a hacer uso de este derecho (disconformidad con acuerdos adoptados en junta general) y que completan los artículos 347 (causas fijadas en los estatutos de la sociedad por consenso de los socios) y 348 bis LSC (falta de reparto de beneficios en determinados supuestos).

    En cuanto a la exclusión de socios, la LSC también contempla la dualidad de causas que permiten iniciar este proceso. Por una parte, están las recogidas en el art. 350, básicamente tres: incumplimiento de prestaciones accesorias, infringir la prohibición de competencia en caso de administradores y condena firme a indemnizar por daños y perjuicios a la compañía por la comisión de actos contrarios a la ley o a los estatutos, o por negligencia. Por otra parte, el art.351 abre la puerta a que los socios establezcan en los estatutos las causas de exclusión que consideren convenientes.

    Las sociedades profesionales están reguladas por su propia ley especial (Ley 2/2007, de 15 de marzo), aunque, como es lógico, la LSC es de aplicación supletoria. Y una de las cuestiones que regula de manera específica la Ley de Sociedades Profesionales (LSP) es, precisamente, la concerniente a la separación y exclusión de socios, confirmando así la antes referida importancia que se da a ambas figuras en el ámbito del ejercicio profesional mediante entes societarios. El primer aspecto que llama la atención es que el art. 13 LSP, dedicado a la separación del socio profesional, no requiere causa alguna para que el socio discrepante haga uso de este derecho, únicamente condicionado a las exigencias de la buena fe. Por su parte, el art. 14 LSP contempla las causas de exclusión de socios de manera muy amplia, puesto que, además de las causas que se hayan fijado estatutariamente por acuerdo de los socios constituyentes, alude genéricamente a infracciones graves de los deberes para con la sociedad o deontológicos, la perturbación del buen funcionamiento societario o el padecimiento de una incapacidad permanente que impida el ejercicio de la profesión.

    En la práctica suelen suscitarse dos importantes problemas comunes a los casos de separación y exclusión de socios, ya se trate de sociedades de capital en general o de sociedades profesionales:

    1. En qué momento en que se debe considerar separado o excluido el socio. Ésta es una cuestión de especial interés cuando se trata de sociedades pequeñas, en las que, una vez surgida la discrepancia, resultaría tremendamente incómodo que la permanencia del socio separado o excluido se prolongase sine die mientras se sustancia el procedimiento judicial que, en su caso, se produzca. La jurisprudencia es discrepante en lo referente a las sociedades de capital, puesto que tanto se contempla el momento de la comunicación del socio a la sociedad de su decisión de separarse, como el momento en que el socio separado o excluido recibe su cuota de liquidación. La LSP es más precisa, pues señala expresamente que la separación será eficaz desde el momento que se notifique a la sociedad, y la exclusión, desde el momento que se notifique al socio afectado.
    2. Qué cuota de liquidación o cuantía económica deberá recibir el socio separado o excluido por sus acciones o participaciones sociales. La jurisprudencia habla de “valor razonable”, término que se reitera en el art. 353.1 LSC y, en defecto de acuerdo entre las partes, será un experto independiente designado por el Registro Mercantil el que emitirá un informe fijando dicho valor. El art. 16 LSP permite expresamente que en los estatutos sociales se fijen libremente los criterios de valoración o cálculo con arreglo a los cuales se determinará la cuota de liquidación del socio separado o excluido.

    Para resolver cuándo ambas son compatibles o incompatibles hemos de hacer un examen individualizado de cada caso.  Así, C. Fernández-Novoa entiende que «nuestra mejor doctrina interpreta que el uso no se realizará a título de marca cuando el tercero adjunte una marca propia a las indicaciones descriptivas; y en la publicidad, etiquetas, etc., el nombre aparezca tipográficamente en un segundo plano que ponga claramente al descubierto su significado meramente informativo», mientras que A. Bercovitz ejemplifica la cuestión señalando que «si en los envases o etiquetas aparece una marca distinta de la denominación social y se incluye la denominación en letras que no llaman especialmente la atención como medio de identificar a la sociedad fabricante o comercializadora, parece claro que se estará utilizando la denominación social como tal y no como nombre comercial. Ahora bien, si en esos envases o etiquetas aparece la denominación social con unos caracteres tipográficos que permiten que la clientela o el público se fije en esa denominación como elemento distintivo del producto o servicio, parece claro que estaremos ante una utilización de la denominación social como nombre comercial».

    Esta doctrina ha sido positivada por la emanada del Tribunal Supremo mediante sus sentencias de 28 de abril de 2006, 12 de abril de 2013 y, sobre todo, por la de 6 de julio de 2015 en el caso Autorama/Autoram, en cuya virtud, cuando el uso de una denominación social como signo distintivo para individualizar la actividad de una empresa colisione con un derecho marcario anterior, su titular puede instar la denegación previa (en vía administrativa) o la posterior nulidad (en sede judicial) de la denominación social que infrinja ese derecho marcario, dando lugar, incluso, a la obligación del infractor en orden a indemnizarle de acuerdo al artículo 42 de la Ley de Marcas.

    No obstante, para ello no deben haber transcurrido más de cinco años desde que el titular de la marca registrada conoció o, incluso debió conocer (según doctrina de las Audiencias Provinciales) la infracción de sus derechos marcarios, pues, en caso contrario, opera la prescripción por tolerancia prevista en el artículo 52.2 de la Ley de Marcas y tal posibilidad habría fenecido.

    javier-viciano

    Javier Viciano | Socio LEAN Abogados

    Especialistas en Derecho Mercantil

    Llamada gratuita 900 102 722

    O, si lo prefieres, te llamamos

    [et_pb_posts_blog_feed_masonry_agsdcm posts_per_page=»6″ show_pagination=»off» show_author=»off» show_categories=»off» show_more=»off» category_id=»90,250,154,47″ show_comments=»off» post_bg_color=»#757575″ _builder_version=»4.3.4″ title_font=»|600|||||||» title_text_color=»#6f9383″ meta_text_color=»#6f9383″ body_text_color=»#000000″ body_font_size=»14px» blog_feed_module_type=»masonry»][/et_pb_posts_blog_feed_masonry_agsdcm]
    Call Now ButtonLlamada gratuita
    Share This