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    ¿Se puede pedir una indemnización a la Administración por la crisis del Covid-19? La responsabilidad patrimonial del estado

    20 abril, 2020
    Cuando la Administración no actúa con arreglo al principio de eficacia y se lesionen nuestros derechos, se puede reclamar la correspondiente indemnización

    La excepcional situación en la que nos encontramos como consecuencia de la pandemia del Covid-19 ha venido a poner de manifiesto la relevancia que el mandato constitucional que recoge el art. 103.1 para con los poderes públicos, cuando señala que la Administración debe actuar con arreglo a los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, y con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

    En este sentido, siendo fundamental la actuación de los poderes públicos para la gestión de esta crisis sanitaria, debemos recordar que, por segunda vez desde la entrada en vigor de nuestra Constitución, se ha declarado el Estado de Alarma, a través del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo de 2020.

    De este modo, nuestro propio ordenamiento jurídico tiene implementado un conjunto de normas y procedimientos para que, cuando no se cumplan estos principios y se lesionen nuestros derechos y/o intereses, se pueda reclamar la correspondiente indemnización, naciendo, de este modo, el concepto de la ‘responsabilidad patrimonial del estado’.

    1. ¿Qué significa la Responsabilidad Patrimonial del Estado?

    El art. 106.2 de la Constitución Española dispone que los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

    En este sentido, la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (Ley 40/2015) desarrolla los principios que integran esta responsabilidad, y añade, al respecto de los daños que se reclamen, que el particular no ha de tener el deber jurídico de soportarlos.

    Adicionalmente, y relacionado con la situación actualmente declarada, no debe obviarse lo recogido en el art. 3.2 de la Ley Orgánica 4/1981, que al desarrollar el Estado de Alarma señala que: “quienes como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados sufran, de forma directa, o en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes”.

    2. ¿Qué requisitos debe tener la actuación (u omisión) de la Administración para ser susceptible de reclamación?

    En base a los principios normativos descritos, se requiere la concurrencia de tres requisitos para que tenga lugar la exigencia de responsabilidad a las Administraciones Públicas:

    1º Que el daño producido sea efectivo, individualizado y evaluable económicamente;

    2º Que entre la acción u omisión de la Administración y el daño exista un nexo o relación de causalidad por ser consecuencia del funcionamiento, normal o anormal, del servicio público.

    3º Que el administrado no tenga el deber jurídico de soportar el daño producido y no se haya producido por fuerza mayor.

    3. ¿Qué significan, por tanto, los conceptos de “fuerza mayor” y “deber jurídico de soportar”?

    Entendemos por “fuerza mayor” el acaecimiento de un suceso imprevisto, insólito y con unos efectos inevitables que, no estando dentro del ámbito de decisión y/o capacidad de la Administración, hace desaparecer ese nexo causal que se exige para relacionar el daño sufrido con la actuación (u omisión) prestada o decidida por la Administración.

    De igual forma, existe del “deber jurídico de soportar” una conducta lesiva, cuando, como consecuencia de un contexto generalizado, se adoptan decisiones que implican perjuicios o restricciones con el objetivo de conseguir un bien común, o cuando, de conformidad con el estado de la ciencia o los conocimientos técnicos, estos no hubieran podido preverse.

    4. ¿Cuándo y qué supuestos podrán reclamarse?

    De este modo, y sin entrar en juicios o consideraciones políticas, podemos asegurar que, si bien gran parte de las decisiones que tienen su origen en la declaración del Estado de Alarma y en la lucha contra la pandemia no son susceptibles de reprobación alguna (por ejemplo, la restricción a la libertad deambulatoria que implica quedarse en casa, la necesidad de cancelar un viaje o la recomendación de llevar mascarillas), hay, por contra, otras decisiones o medidas que, según su impacto o el momento en el que han sido tomadas, podrán dar pie a la presentación de reclamaciones y demandas.

    Así las cosas, podemos distinguir entre aquellas reclamaciones que tendrán su origen en una actuación particular o concreta y aquellas otras que traigan causa de una decisión de ámbito político o colectivo.

    A modo de ejemplo, cabe señalar que, en las primeras, se integrarán situaciones como un alta hospitalaria indebida o contraer el virus dentro de un hospital público tras haber sido ingresado por otra causa; mientras que en las de ámbito colectivo, deberá discernirse en primer lugar el grado de responsabilidad de las distintas Administraciones Públicas en los daños o perjuicios que se produzcan a particulares como, por ejemplo, a consecuencia de la falta de suministro de equipos de protección en el ámbito sanitario para hacer frente al virus o el grado de eficacia de las decisiones adoptadas u omitidas para proteger residencias.  También cabría reclamar por responsabilidad patrimonial al Estado cuando las existencias de material sanitario de una empresa o particular hayan sido incautadas por orden gubernamental, o incluso si han tenido que cambiar sus líneas de producción para fabricarlo por indicación del Gobierno.

    En cualquier caso, no debe olvidarse la tendencia restrictiva que nuestros tribunales han venido adoptando en relación a la exigencia de demostrar una “clara negligencia de la Administración”.

    5. ¿Qué se puede reclamar?

    El daño real y efectivo producido evaluable de forma concreta.

    6. ¿Cómo se determina el importe de la reclamación?

    Acudiendo a criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal, de expropiación forzosa y de valor de mercado. En lesiones corporales y muertes se puede aplicar la normativa de seguros obligatorios y de la Seguridad Social. La cuantía se calcula en relación al día en que la lesión se produjo debidamente actualizada.

    7. ¿En qué plazo se puede reclamar?

    En el plazo de un año desde que el daño se produjo (art. 67 de la Ley 39/15). En caso de lesiones físicas o psíquicos a las personas, el plazo del año se computa a partir de la curación o la determinación del alcance de las secuelas.

    8. ¿Ante quién se debe de reclamar?

    En el ámbito de la Administración General del Estado se debe de reclamar al Ministerio correspondiente y en el ámbito autonómico y local se deberá reclamar a los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas o de las Administradores Locales.

    9. ¿Cómo se reclama?

    A veces el procedimiento puede iniciarse de oficio por la propia administración, pero la regla general es que se inicie a solicitud del particular, quien debe presentar escrito en el que se identifica él, se exponen los hechos acaecidos, se razona la petición y se efectúa la petición concreta y determinada. Al escrito deberán acompañarse aquellos documentos o pruebas que se consideren necesarios para acreditar los hechos que se invocan.

    10. ¿Cómo termina el procedimiento?

    Puede terminar mediante una resolución expresa, estimando o desestimando la pretensión del particular. El silencio administrativo, es decir, la falta de respuesta, se interpreta como desestimatorio de la petición, debiendo iniciarse si se desea el procedimiento judicial correspondiente.

    Si tiene alguna duda sobre esta cuestión,   puede ponerse en contacto  con los especialistas de LEAN en el   teléfono gratuito 900 102 722  o en la dirección de correo electrónico   [email protected].

    Pedro Vicente

    Pedro Parrilla | Socio LEAN Abogados

    Manuel Gómez | Socio LEAN Abogados

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