¿Qué se puede obtener de una reclamación patrimonial a la administración?

26 mayo, 2020
Los profesionales sanitarios y los ciudadanos tienen derecho a una la reparación por los daños y perjuicios por culpa del funcionamiento anormal de los servicios públicos.

Tanto nuestras leyes como nuestra jurisprudencia contemplan la reparación in integrum, es decir, la reparación íntegra, de todos aquellos daños y perjuicios que un ciudadano sufra por culpa del funcionamiento anormal de los servicios públicos.

Para plantear esta reparación, hay que determinar caso por caso cuáles han sido las consecuencias negativas para quien las ha sufrido. Así, será siempre necesario realizar un estudio riguroso de cada asunto y de sus circunstancias.

El montante de la indemnización a quien ha sufrido las consecuencias del funcionamiento negligente de la administración va ligado habitualmente a los días que una persona ha estado de baja sin poder dedicarse a sus ocupaciones habituales, sean laborables o simplemente de la vida cotidiana. La cuantía diaria de la indemnización se calculará teniendo en cuenta las limitaciones, más o menos amplias, que esta persona ha sufrido durante el periodo de tiempo que ha necesitado para curarse. Así, los días de hospitalización se pagan con un valor superior; los días en que uno no ha podido hacer las tareas fundamentales pero tampoco ha estado hospitalizado, con algo menos; y, cuando sí se han podido hacer tareas fundamentales, pero no otras secundarias, con una cantidad menor.

Por supuesto, siempre se han de tener en cuenta las posibles secuelas físicas o psicológicas que queden después de la curación, ya que, a veces, esa curación no es total y deja limitaciones físicas o incluso psicológicas (por ejemplo, depresión o ansiedad).

También se deben incluir en la reclamación de indemnización a la administración todos aquellos gastos en que se ha incurrido (como médicos, farmacia, transporte, etc…) cuando éstos no han sido cubiertos o abonados por sistemas públicos o privados de salud. Lo mismo sucede con los gastos de asistencia doméstica cuando la necesidad de acudir a ésta es consecuencia de las lesiones causadas por el mal funcionamiento del servicio público.

Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de plantear nuestra reclamación es el posible lucro cesante. Es decir, aquellas cantidades económicas que se han dejado de ingresar en comparación a lo que hubiéramos ganado sin la lesión sufrida. Es lucro cesante, por ejemplo, la diferencia entre lo que se cobraba habitualmente y lo que se ha cobrado en el periodo de baja.

Por otro lado, también se debe valorar si ha existido un daño moral derivado, por ejemplo, del sufrimiento padecido por no haber podido estar presente en los últimos días de enfermedad de un familiar o por no haberle podido acompañar en su funeral y entierro. Así como la posible pérdida de expectativas futuras, sean de carácter laboral o de otra índole.

Como vemos, el abanico de posibilidades para plantear una reclamación patrimonial a la administración es realmente amplio. Por eso, lo más conveniente es analizar cada caso individual en función de sus circunstancias y no perder nunca de vista la necesidad de acreditar de forma fehaciente -es decir, con facturas de gastos y con informes periciales de expertos- tanto los daños y perjuicios sufridos como la estimación de su cuantía económica.

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