Posibles delitos cometidos contra los trabajadores sanitarios

26 mayo, 2020
¿Qué delitos habrían cometido las autoridades y la Administración central durante el Estado de Alarma contra los trabajadores sanitarios?

Los artículos 316 y 317 del Código Penal sancionan como un delito contra los derechos de los trabajadores (con penas de hasta 3 años de prisión y multa de 12 meses) la no facilitación de medios necesarios para que los éstos desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, poniendo así en peligro grave su vida e infringiendo las normas en materia de prevención de riesgos laborales. La sanción se aplica tanto si la situación se produce de forma consciente e intencionada como por imprudencia grave.

En la situación vivida por los profesionales sanitarios durante la crisis del Covid-19, se cumplen los elementos del tipo penal, toda vez que:

  1. Los EPI de los trabajadores sanitarios son medios necesarios para que puedan desarrollar de forma segura su labor asistencial a enfermos de cualquier etiología, y especialmente ante el carácter silente de los síntomas del Covid-19.
  2. Es evidente que la ausencia de estos EPI facilita y permite el contagio del Covid-19, cuya gravedad para la vida es un hecho notorio habida cuenta el número de fallecidos que ha causado.
  3. También es un hecho público y notorio, no sólo que no se han facilitado los medios de protección necesarios al personal sanitario de todas y cada una de las comunidades y ciudades autónomas, sino que, además, el material entregado, tardíamente, ha sido insuficiente e incluso defectuoso. A esta circunstancia se puede añadir la falta de evaluación de los distintos puestos de trabajo y de realización de protocolos, lo que ha contribuido de manera fundamental a que se alcancen entre el personal sanitario unos niveles de contagio que han llegado a superar los 48.000 casos, la cifra más alta a nivel mundial. Tales circunstancias permitirían calificar la actuación de las autoridades, cuando menos, de gravemente imprudente.
  4. Al ámbito sanitario le resultarían de aplicación las medidas preventivas específicas previstas en el Real Decreto 664/1997 sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, especialmente las relativas a la higiene, equipos de protección individual y vigilancia periódica de la salud -test rápidos-. Por tanto, la ausencia de EPI, test rápidos, etc… es una infracción en materia de prevención de riesgos laborales que implica el cumplimiento del elemento objetivo del tipo penal.

Las personas contra las que se dirigiría la acción penal, ejercitada mediante denuncia o querella criminal, son las establecidas en el artículo 318 del Código Penal:

“Cuando los hechos previstos en los artículos de este título se atribuyeran a personas jurídicas, se impondrá la pena señalada a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieran adoptado medidas para ello”.

Trasladando el precepto penal a las disposiciones normativas derivadas del Estado de Alarma, la autoría del delito podría propugnarse del ministro de Sanidad, los consejeros autonómicos de Sanidad, y, en cascada, podría llegar hasta los directores gerentes de centros de salud y hospitales que tenía la obligación de procurar a su personal.

Más aún, si fruto de lo anterior hubiesen acontecido, como desgraciadamente así ha sido, lesiones o el fallecimiento de algún trabajador, nos podríamos encontrar también ante la presencia de un delito de lesiones o de homicidio; en ambos casos cometidos por imprudencia.

Estos delitos se prevén y sancionan en los artículos 142 y 152 del Código Penal con penas que podrían llegar hasta los tres y cuatro años de prisión, respectivamente. Dependiendo, en el caso de las lesiones, del alcance de éstas y la parte del cuerpo u órgano que afecten las mismas.

Además, la falta de cumplimiento de la obligación de suministro de los equipos de protección por parte de los obligados a ello ha puesto en grave peligro la integridad de los trabajadores, llegando a causar, en algunos casos, graves lesiones e incluso la muerte.

Tales extremos, en nuestra opinión, podrían ser constitutivos de un delito contra la seguridad en el trabajo en relación concursal con los delitos de lesiones por imprudencia o de homicidio imprudente que, en su caso, se hayan producido. Lo que supondría una mayor sanción penal por cuanto que el fallecimiento o las lesiones originadas tendrían su causa, precisamente, en la falta de facilitación de los medios necesarios a los trabajadores para que desarrollen su labor en condiciones de seguridad y salud adecuadas. Esta omisión habría afectado a todos los trabajadores del centro sanitario, no solamente a aquellos a los que se les hubiesen causado lesiones o, incluso, la muerte.

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