Obligaciones incumplidas por la Administración: posibles negligencias por el suministro de material defectuoso

26 mayo, 2020
¿Qué consecuencias tiene la no entrega de EPI en general por parte de la Administración a los profesionales sanitarios durante el período de contagio del coronavirus?

El artículo 12 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria creada por el Covid-19, estableció las medidas dirigidas a reforzar el Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional. El artículo 13 de ese mismo texto contemplaba, además, las medidas para el aseguramiento del suministro de bienes y servicios necesarios para la protección de la salud pública.

A su vez, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya había recomendado cuando ese Real Decreto se publicó que, con carácter urgente e inmediato, se proveyese de batas impermeables, mascarillas FPP2 y FPP3, gafas de protección, calzas específicas, contenedores de residuos y los ya famosos -por su inexistencia- equipos de protección individual (EPI), a todos los profesionales sanitarios.

Sin embargo, la Administración no cumplió con la provisión de material de protección a estos profesionales. El Ministerio de Sanidad, que debería haber garantizado la salud e integridad física y psíquica del personal sanitario y haberle provisto de los elementos necesarios para que pudiera realizar su trabajo con seguridad, tampoco adoptó las medidas de protección adecuadas. Y, así, tuvo lugar una escalada brutal de contagios y fallecimientos entre los propios sanitarios, que fueron contagiados por sus pacientes al carecer de los medios adecuados para protegerse de la enfermedad.

Las deficiencias más habituales con las que los trabajadores sanitarios se han encontrado han sido las siguientes:

  • Ausencia de EPI adecuados, sobre todo en marzo.
  • Falta de adecuación de infraestructuras necesarias (por ejemplo, trabajar con presiones inadecuadas en las habitaciones).
  • Actuación tardía del Servicio de Prevención.
  • Falta de test entre sanitarios, lo que propició el contagio entre ellos.
  • Distribución de material defectuoso o que incumplía la normativa.

¿Qué consecuencias tiene la no entrega de EPI en general y, en particular, durante el período de contagio del coronavirus?

Tanto la empresa como los responsables de prevención de riesgos laborales pueden estar vulnerando la Ley de Prevención de Riesgos Laborales si no entregan los EPI estipulados (o entregan EPI defectuosos) en el protocolo contra el coronavirus. Las responsabilidades a las que se puede enfrentar la empresa pueden ser de varios tipos:

  • Administrativas. La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) establece que son infracciones graves las faltas que supongan un incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, siempre que dicho incumplimiento pueda crear un riesgo grave para la integridad física o la salud de los trabajadores afectados y, especialmente, en materia de protección colectiva o individual. Si no hay entrega de EPI, se debe denunciar ante la Inspección de Trabajo individualmente.
  • Civiles. La obligación civil de indemnizar al trabajador por los daños y perjuicios derivados de un accidente de trabajo sólo puede imponerse al empresario, de conformidad con el art. 1902 del Código Civil, cuando haya incurrido en una conducta culposa o negligente. Puede intervenir culpa o negligencia contra el servicio de prevención ajeno si se da el caso de tenerlo.
  • Penales. Se dan varios tipos de delito de riesgo, es decir, delitos que lo son incluso si no ha llegado a ocurrir accidente o lesión:
  • Delito de puesta en peligro de personas: por ejemplo, ordenar que se trabaje en aislamiento sin los EPI correspondientes.
  • Delito de omisión: no proporcionar los EPI.
  • Delito de comisión por omisión: cometido por una persona con la obligación expresa de realizar o indicar una tarea o actividad. Por ejemplo, no indicar los EPI en evaluación de riesgos o protocolo, activando la culpa extracontractual del Servicio de Protección Ajeno o SPA.
  • Recargo de prestaciones de la Seguridad Social. En caso de incapacidades por falta de entrega de EPI, se propondrá por parte de la Inspección de Trabajo un recargo de entre el 30% y el 50% de la base reguladora. En referencia al coronavirus, todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30% a un 50% cuando la infección se produzca por causa de equipos de trabajo deficientes o actividades en centros o lugares de trabajo que carezcan de los medios de protección reglamentarios, o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad y salud en el trabajo, o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales marca la obligación del empresario de proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios.

    La responsabilidad del pago del recargo recaerá directamente sobre el empresario infractor y no podrá ser objeto de seguro alguno, siendo nulo de pleno derecho cualquier pacto o contrato que se realice para cubrirla, compensarla o trasmitirla. Esta responsabilidad es independiente y compatible con las de todo orden, incluso penal, que puedan derivarse de la infracción.

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