BANCO POPULAR: ACOSO, RESOLUCIÓN Y ESTADO ACTUAL

El asedio al Banco Popular concluyó con su liquidación 6 de junio de 2017, pero la última fase de su agonía había comenzado mucho antes, el 26 de mayo de 2016. Ese día, el Popular, aún presidido por Ángel Ron, anunció por sorpresa una ampliación de capital de 2.500 millones (la cuadragésima séptima ampliación en ocho años) para intentar escapar de una gestión ruinosa. De nada sirvió. En pocos meses el banco volvió a presentar pérdidas record de casi 3.500 millones, la acción comenzó un descenso en picado que la llevó de 1,59 euros a prácticamente 0 en un año, Ron fue cesado y sustituido por quien finalmente liquidaría la entidad, Antonio Saracho, y todos aquellos que acudieron a la ampliación -igual que quienes ya eran antes accionistas o bonistas de la entidad- sufrieron en ese proceso un perjuicio patrimonial devastador.

El final del banco y de los ahorros de sus accionistas se precipitó en primavera. La primera andanada contra la estabilidad del Popular llega el pasado 11 de mayo. Ese día, un medio de comunicación hizo público que Emilio Saracho había encargado a Lazard y JP Morgan la venta urgente del banco por riesgo de quiebra. La entidad lo negó y envió un hecho relevante a la CNMV rechazando que tal riesgo existiera. Pero mentía. Sólo cinco días después, el 16 de mayo, tuvo que hacer público un nuevo hecho relevante. Esta vez, para reconocer la verdad: el Popular sí estaba en venta y buscaba compradores.

Empieza entonces a hacerse evidente la amenaza que se cierne sobre la entidad y sus accionistas y tenedores de deuda subordinada. Hay coincidencia en que las cosas se torcieron para Saracho a partir del 10 de abril, día en que celebró su primera junta general de accionistas. En esa asamblea el presidente del Popular anunció por sorpresa la necesidad de reforzar el capital de la entidad y dio dos alternativas: una ampliación de capital o una operación corporativa. Pero Saracho no ofreció ningún plan de acción, y las acciones del banco siguieron en caída libre. En cuatro días perdieron un 17% de su valor. En dos semanas, el doble de eso.

 

A la vez, se hacía también evidente la contradicción entre el mensaje de las autoridades y la realidad de sus planes. En mayo, el Banco de España seguía insistiendo en que el Popular era solvente. Lo mismo que había dicho el ministro de Economía sólo un mes antes, en abril. Aunque las declaraciones de Luis de Guindos permitían ya vislumbrar que el Gobierno tenía planes de futuro para la entidad.

Si el banco, según ellos, era solvente, ¿por qué se temía por su futuro?

La respuesta, se decía a la opinión pública, estaba en una acuciante crisis de liquidez. La sucesión de noticias negativas sobre los resultados del banco alimentó el temor a la quiebra. En ese escenario, la fuga de depósitos se volvió incontrolable. Entre enero y mayo, salieron del Popular más de 13.800 millones de euros, 9.300 de ellos, sólo en los dos meses previos a su intervención.

En esas condiciones, el banco sólo fue capaz de llegar hasta el 6 de junio. Ese día comunicó a las autoridades que ya no tenía fondos ni para abrir sus oficinas al día siguiente. No habría marcha atrás. En la madrugada del 6 al 7 de junio la Junta Única de Resolución del Banco Central Europeo decide resolver el Banco Popular, imponer pérdidas a todos sus accionistas y dueños de deuda subordinada y vender la entidad al Santander por un euro. Todo, en una sola noche.

Para tomar esa decisión, Europa actuó en base a dos valoraciones del Popular firmadas por Deloitte. En el peor de los escenarios, aseguraba la auditora, el banco tendría un valor negativo de -8.200 millones de euros. En uno más conservador, de -2.000 millones. Eso mismo es lo que contó el FROB en el comunicado en el que anunció en nuestro país la decisión tomada por la Junta Única de Resolución de la UE. Pero hay algo que las autoridades ocultaron y que poco después desvelaron los medios de comunicación: existía una tercera valoración de Deloitte, y ésta -más optimista- sí daba al banco un valor positivo de 1.500 millones de euros. ¿Por qué, entonces, se vendió por un euro? ¿Y por qué sólo se hicieron públicas las dos valoraciones que lo presentaban como una carga?

Esas preguntas siguen aún pendientes de respuesta. Y algunas otra también. Porque, mientras el Popular se desangraba sin que sus accionistas supieran lo que estaba a punto de pasar, alguien sacó de allí sus fondos antes que los demás: el propio Estado. Lo hicieron, justo antes de la resolución, ayuntamientos, comunidades autónomas y hasta la Seguridad Social. Incluso el Banco Central Europeo ha instado a que se investiguen esas retiradas de depósitos pero, hasta hoy, nada más hemos sabido.

Para el Santander, en cualquier caso, eso daba igual. Con su operación cerrada, lo siguiente era ponerse manos a la obra para intentar apaciguar a los más de 100.000 arruinados que la resolución había dejado en el camino y tratar de contener su previsible avalancha de demandas. Por eso, les hace una oferta vigente hasta el 7 de diciembre: ‘obligaciones perpetuas contingentemente amortizables’ por un máximo del 100% de su inversión (la escala varía en función de la suma invertida), con un valor nominal de 100 euros en el momento de su emisión (pero cuya tasación real oscila hoy entre 68 y el 75% de esa cantidad) y con una remuneración en efectivo de sólo un 1% sobre el valor nominal hasta el séptimo año de la inversión. En definitiva, una trampa por muchas razones:

– Las obligaciones son profundamente ilíquidas (el Santander no está obligado a comprarlas y sólo son negociables en el AIAF), con lo cual su valor bajará con total seguridad desde el mismo día de su emisión.
– Aceptar obliga a los clientes a mantener con el Santander la relación íntegra y todos los productos que tuvieran previamente contratados con el Popular
– La oferta es sólo para los que lo perdieron absolutamente todo. Quienes vendieron sus acciones a precio de derribo antes del 7 de junio debido al pánico que ya se había extendió por el mercado no tienen -según el Santander- derecho a recibir nada.

Para quienes no estén dispuestos a aceptar esto, existen sobre todo dos vías de reclamación. Una es ir contra la resolución del banco ordenada por la Junta Única de Resolución de la Unión Europea. Son muchos los afectados que lo están intentando, aunque, en nuestra opinión, no tienen muchas posibilidades. La otra es ir por vía civil directamente contra el Popular por la falta de veracidad en la información sobre el estado de la entidad que suministró en 2016 (y es posible que también en años anteriores). Nuestra recomendación es optar por esta segunda opción. Será más rápida y supone ir directamente contra el Santander en lugar de contra Europa.

Además, en España el caso ha llegado ya a la Audiencia Nacional. Este tribunal admitió en julio dos recursos a trámite -el primero, de la Organización de Consumidores y Usuarios, y el segundo, de un grupo de accionistas mayoritarios- que pedían la nulidad de la decisión del FROB de resolver el Popular. El segundo recurso solicitó como medida cautelar, además de la paralización del proceso de integración, la suspensión también de su “anotación” de la operación en el Registro Mercantil. Aunque la Audiencia, de momento, no se ha pronunciado sobre eso.

Fuera de los tribunales, algunas operaciones posteriores a la resolución han reforzado las tesis de aquellos que cuestionan el relato ofrecido a la opinión pública sobre el valor real del banco y las motivaciones detrás de su liquidación. La más importante, la que conocimos el 8 de agosto. Ese día el Santander anunció la venta al fondo estadounidense Blackstone del 51% de la cartera inmobiliaria del Popular por más 5.000 millones de euros. Era la mayor operación inmobiliaria privada de la historia de España y, sin embargo, se cerró en el tiempo récord de un mes. No sólo eso, sino que también, y pese a su trascendencia, se anunciaba en pleno verano, con los medios de comunicación -y los tribunales- a medio gas y sin capacidad de reacción. Algunas cuestiones parecían evidentes: si la mitad del ladrillo y de los créditos tóxicos del Popular valía 5.000 millones en el mercado, ¿no debería la otra mitad valer lo mismo? ¿Qué sentido tenían entonces las valoraciones negativas que se habían ofrecido del patrimonio del banco?

Recientemente, a finales de agosto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha admitido a trámite por fin el recurso de la OCU contra la decisión de la JUR de resolver el Popular. Es sintomático el esfuerzo por repartir culpas al que hemos asistido desde que Europa ordenó liquidar el banco en junio. Según el BCE, no hay más responsables de la ruina de los accionistas del Popular que la cúpula de la entidad. Exactamente lo contrario de lo que denuncia un grupo de grandes fondos que ha perdido más de 800 millones en la operación: fueron las autoridades europeas -dicen ellos- las que precipitaron la crisis. En cualquiera de los dos casos, la opinión pública y la publicada comparten hoy una certeza: la liquidación del Popular ha sido injusta e injustificada. Nosotros esperamos poder demostrarlo pronto.

LEAN Abogados, 14 de septiembre de 2017

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