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  • La recomendación de honorarios en los colegios de abogados. ¿Una práctica anticompetitiva?

    28, Nov, 2018 | Blog | Recomendación de Honorarios

    La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dictado numerosas resoluciones en expedientes sancionadores contra distintos colegios de abogados de toda España por hacer recomendaciones colectivas de precios. La CNMC considera que esta práctica responde a la conducta prohibida por el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC) y por eso impone sanciones de cuantías muy elevadas. Las resoluciones de la CNMC consideran hechos probados que la publicación de unos baremos de honorarios a efectos de la tasación de costas y jura de cuentas efectuada por los colegios de abogados supone una recomendación colectiva de precios (honorarios) y, por tanto, una conducta anticompetitiva.

    En sus trámites de alegaciones, los distintos colegios de abogados sancionados no cuestionan esa publicidad. Al contrario, la justifican argumentando que no vulnera la LDC en la medida en que recogen las pautas contenidas en los dictámenes emitidos a requerimiento judicial y no están dirigidas a los letrados para que fijen sus honorarios, de manera que sí respetan la libertad para la fijación de precios en la relación abogado-cliente. Sin embargo, la CNMC considera que los Colegios deben tener especial cuidado en no hacer públicos estos honorarios, pues, en caso contrario, se constituyen en medidas que restringen la capacidad de los profesionales para fijar de forma independiente sus precios. El órgano instructor del expediente sancionador diferencia entre el significado de “elaborar” los criterios de referencia y “publicar” los mismos. Es más, en línea con lo ya decidido y resuelto por diferentes autoridades de competencia españolas, este organismos subraya que el dictamen a emitir por los colegios podría efectuarse caso por caso sin necesidad de confeccionar tarifario alguno. Por todo ello, la CNMC resuelve en estos expedientes que la publicación de los criterios de honorarios a los solos efectos de la emisión de dictámenes preceptivos en incidentes de tasación de costas y jura de cuenta del abogado no constituye ni un medio necesario ni proporcionado para el cumplimiento de los objetivos previstos en la disposición adicional cuarta de la Ley de Colegios Profesionales, que permite la existencia de dichos criterios. En este sentido, la CNMC dice no tener la menor duda –y cito literalmente– “de que se está en presencia de una recomendación colectiva prohibida expresamente por el art. 1 de la LDC, agravada por tratarse de un Colegio de Abogados, conocedor y deliberadamente consciente de la ilicitud de su conducta”.

    Por otra parte, siempre ha existido un voto particular discrepante, muy elaborado en contenidos jurídicos, emitido por el consejero Fernando Torremocha y Garcia-Sáenz. Torremocha expone en una extensa fundamentación que “no estamos en presencia de actividades contrarias a la libre competencia, sino del cumplimiento de los mandatos de una Ley Sustantiva: el Código Civil. Y, como consecuencia de todo ello, no se puede asumir la calificación de las conductas (tasación de costas y jura de cuentas) instruidas por el Servicio de Defensa de la Competencia de la Comunidad Autónoma de Madrid, como ‘recomendaciones colectivas’, dado que tal calificación se hace desde un desconocimiento de los principios constitucionales de legalidad, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva y en clara contravención de los mismos”. Además, añade el consejero, “el papel de los Colegios Profesionales, en tanto que Administración Pública de corte corporativa, trasciende al de mero ente asociativo destinado a tutelar los intereses profesionales de sus colegiados y se extiende sin ambages a la participación trascendente en la configuración de un servicio público cual es la Administración de Justicia”.

    Concluye este voto particular insistiendo en que los expedientes sancionadores deben terminarse acordando la no incoación y el archivo de las actuaciones dada la inexistencia de conducta infractora, con reproche expreso a las resoluciones sancionadoras por incompletas e inmotivadas.

    Es obvio que la cuestión es compleja, sujeta a profundos debates y con claras disensiones en el propio seno del órgano de competencia. En definitiva, siguiendo el criterio de las resoluciones sancionadoras expuestas, no se pueden publicar ni publicitar por ningún medio -ni siquiera en la parte reservada y restringida de la web de los colegios- criterios de honorarios de ningún tipo. Pero la interrogante inmediata que se nos presenta como letrados es la siguiente: Si nuestro cliente ha resultado acreedor de unas costas y nos encomienda como abogados defensores su cálculo y tasación, ¿en base a qué criterios o referentes se elabora dicha minuta el cálculo de las costas? Y, si tenemos que impugnar dicha tasación, ¿en función a qué parámetros lo hacemos?

    A la vista del criterio de la CNMC, hoy por hoy es clara la determinación de considerar contraria a la libre competencia la publicación de cualquier criterio de honorarios, aunque solo sea a los efectos de la emisión de los dictámenes preceptivos de los Colegios profesionales de Abogados en los incidentes de impugnación de tasación de costas y jura de cuenta (art. 246 y 35 LEC). Habrá que esperar, por tanto, a los sucesivos recursos que los colegios profesionales han formulado ante la Jurisdicción Contenciosa para poder concluir, de una forma clara y definitiva, si dichos criterios pueden ser publicados o no. Mientras tanto, la prudencia impone no publicar criterios de honorarios de ningún tipo.

    Ángel Domínguez y Alfonso Luna | Socios LEAN Abogados
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