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    La acción de retracto sobre créditos litigiosos: posibilidades y condiciones

    Entendemos por retracto de un crédito litigioso la facultad de un deudor para extinguir su crédito -siempre que éste haya sido cedido por un precio a un tercero- reembolsando al cesionario el precio que pagó por esa cesión más las costas que se le originaron y determinados intereses. Históricamente, este derecho (regulado en el artículo 1535 del Código Civil) ha obedecido a la necesidad de desincentivar a los especuladores de crédito, que a menudo adquieren paquetes de deuda a bajo precio para reclamar después el importe completo de esas deudas a sus titulares y obtener así importantes beneficios.

    La doctrina jurisprudencial ha establecido que los presupuestos necesarios para el ejercicio del retracto de crédito litigioso son cuatro:

    1. Que exista venta o transmisión de un crédito
    2. Que éste tenga la consideración de litigioso,
    3. Que la acción de retracto se ejerza en el plazo de nueve días que establece la ley
    4. Que se proceda al pago o consignación de las cantidades por las que se cedió el crédito

    Respecto al primero de los requisitos, que exista la cesión o transmisión del crédito, el Tribunal Supremo establece que el concepto de crédito empleado en el artículo 1535 del CC debe entenderse en su acepción amplia, esto es, que comprende todo derecho individualizado transmisible. No obstante, son muchas las cuestiones y críticas que han surgido alrededor de la interpretación de la definición “todo derecho individualizado transmisible”.

    Un sector de la doctrina sostiene que, al tratarse de un derecho individualizado, “no procedería el retracto de crédito litigioso por el deudor cedido cuando no se produce la cesión o transmisión de manera individualizada, sino dentro de una masa o pluralidad de créditos por un precio en su conjunto, toda vez que no se trata como una pluralidad de negocios jurídicos o contratos individualizados, sino de la totalidad de los activos” (en este sentido, la SAP de Madrid, de 7 de octubre de 2002). Otro sector, sin embargo, entiende que la cesión en masa de varios créditos no implica que se trate de un solo negocio jurídico, sino, por el contrario, de múltiples cesiones individualizadas de crédito, y que, por tanto, en caso de que estos créditos fueran litigiosos, habría lugar al ejercicio del retracto por parte del deudor cedido en los términos y condiciones establecidos por la ley (al respecto, la SAP de Barcelona, Sección 19ª, de 2 de marzo de 2011).

    Ésta es, por tanto, una cuestión en torno a la que no existe unanimidad. Y, a pesar de eso, sigue siendo menos controvertida que el segundo de los requisitos, el que exige la consideración de litigioso al crédito sobre el que se quiere ejercer la acción de retracto. El Tribunal Supremo estableció en su sentencia de 31 de octubre de 2008 que se consideran litigiosos aquellos créditos que no pueden tener realidad sin una sentencia firme. La litigiosidad, según el Supremo, comienza en el momento de contestación de la demanda, y siempre que exista una oposición de fondo (aunque se admite también la eventualidad de la oposición tácita de la rebeldía, de acuerdo al artículo 496.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

    A esta definición cabe sumar las sentencias de distintas Audiencias Provinciales, como las de Zaragoza, Madrid o Huesca, que han entendido por créditos litigiosos aquellos dirimidos tanto en procedimiento declarativos como ejecutivos. Además, otras Audiencias Provinciales, como la de Girona y la de Guipúzcoa, han señalado también que, en el sentido técnico-legal, un crédito sólo podrá tener la consideración de litigioso cuando esté “en duda y disputa”, es decir, “que esté en pleito”.

    Por tanto, para poder ejercer la acción de retracto sobre un crédito cedido, debe existir un litigio o pleito al momento de la cesión, se debe haber contestado a la demanda (o mostrado oposición tácita en rebeldía) y no debe existir una sentencia firme que declare existente y exigible el crédito.

    En cuanto al plazo de nueve días establecido por el Código Civil (art. 1.524 CC), podemos entender que, según la norma, éste debe contarse desde el momento en que el cesionario le reclame el pago de la deuda al deudor. Sin embargo, la jurisprudencia se ha inclinado por considerar que el dies a quo para su cómputo sólo puede ser, en realidad, aquél en que el deudor tenga conocimiento pleno de la transmisión.

    En este sentido se pronuncia la Audiencia Provincial de Almería, en su sentencia de 5 de febrero de 2010, al requerir un conocimiento completo, cumplido y cabal por parte del deudor que abarque, no sólo el hecho de la venta, sino también la noticia exacta de todos los extremos de la transmisión, como precio, condiciones esenciales de la venta, modalidades de pago, etc… Este razonamiento es de todo punto lógico, ya que solamente en tal caso el titular del retracto puede disponer de elementos de juicio suficientes para decidir sobre la conveniencia o no de ejercitar la acción, teniendo en cuenta que hacerlo supone una subrogación total en el lugar del comprador y con respecto a todas las condiciones de la venta.

    Respecto al cuarto y último de los requisitos, a pesar de que la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil no exige la consignación como tal, no es menos cierto que en los documentos exigidos para la presentación correcta de la demanda sí es preceptiva, bajo sanción de inadmisión, la presentación del “documento que acredite haber consignado, si fuere conocido, el precio de la cosa objeto de retracto o haberse constituido caución que garantice la consignación en cuanto el precio se conociere”. La consignación, por tanto, es un requisito procesal para evitar que aquél sin capacidad económica suficiente intente hacer valer este derecho de retracto. Basándonos en la jurisprudencia, podemos concluir que la cuantía objeto de consignación será el resultado de la suma del precio de la transmisión del crédito más los intereses legales del mismo desde la fecha de transacción (Audiencia Provincial de Barcelona, Sentencia nº 404/2006, de 19 de octubre).

    En conclusión, aun cuando de la lectura de este artículo puede deducirse que la acción de retracto conlleva un alto riesgo para quien la ejerce por falta de unanimidad jurisprudencial en torno a ella, no es menos cierto que el estudio individualizado de cada caso permitirá vislumbrar mucho mejor las posibilidades de éxito o fracaso del pleito. Por lo general, observamos que las resoluciones judiciales se adaptan, como casi todo, al signo de los tiempos en que se producen, así que no resulta descabellado pensar que, debido al alto número de profesionales que especulan con deudas de minoristas y ahorradores, la justicia pueda ponerse una vez más del lado de los más débiles para evitar abusos de poder. En cualquier caso, y en aplicación de la lógica, quienes la dictan deben proteger igualmente los derechos de la parte compradora del crédito para evitar situaciones en las que el acreedor salga aún más perjudicado que el propio deudor.

    Alfonso Martín Palomino

    LEAN Abogados

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