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  • Guía de reclamación del perjudicado en accidentes de tráfico

    21 septiembre, 2020
    Analizamos los pasos y trámites a seguir por el perjudicado o lesionado en un accidente de tráfico

    En este artículo desarrollaremos una breve y sencilla guía sobre los pasos y trámites a seguir por el perjudicado o lesionado en un accidente de tráfico, a fin de que cualquier persona que sufra lesiones o daños conozca cuál es el procedimiento extrajudicial que se sigue hasta la obtención de la correspondiente indemnización. 

    1. Parte amistoso o atestado policial

    Producido el accidente de tráfico, los conductores de los vehículos (siempre que su estado de salud lo permita) deberían intentar ponerse de acuerdo sobre las circunstancias en que se ha producido la colisión o incidente, cumplimentando el documento denominado “Declaración Amistosa de Accidente de Automóvil” (más comúnmente conocido como “parte amistoso”) que incluye los datos generales del accidente, datos de los conductores, vehículos y pólizas, una serie de casillas a marcar según se correspondan con la forma de producción del accidente (por ejemplo, si uno de los vehículos circulaba marcha atrás, estaba estacionado, etc.), croquis del accidente y firma de los conductores involucrados.

    La correcta cumplimentación y firma de la Declaración Amistosa facilita la posterior gestión del accidente con las aseguradoras, por lo que es un documento muy relevante, siendo muy conveniente llegar algún ejemplar en el vehículo (casi todas las páginas web de las compañías aseguradoras tienen el modelo correspondiente disponible para su descarga).

    En caso de accidentes de cierta gravedad o cuando no sea posible un acuerdo sobre las circunstancias del accidente a consignar en la Declaración Amistosa, procede avisar a la Policía Local o al cuerpo de seguridad que corresponda, en cuyo caso se confeccionará un atestado oficial que sustituye a la Declaración Amistosa y donde constarán todos los datos y circunstancias del accidente.

    2. Asistencia médica de urgencias y seguimiento de las lesiones

    Una vez documentado el accidente conforme a lo comentado en el apartado anterior, y siempre que alguna de las personas involucradas padezca cualquier tipo de molestia física, debe acudirse al servicio de urgencias que corresponda en función del lugar de producción del accidente o del domicilio del lesionado.

    Recibida la atención médica oportuna, el complejo hospitalario o centro médico expedirá un Informe de Urgencias, así como otro documento específico para accidentes de tráfico recogiendo diversos datos relacionados con el mismo y cuya función es servir de base a la reclamación de los gastos de la asistencia prestada a la aseguradora del vehículo responsable del accidente.

    A partir de ese momento, surgen varias vías u opciones para continuar con el seguimiento y tratamiento médico de las lesiones, principalmente las siguientes:

    1) Acudir al médico de cabecera de la Seguridad Social (o Mutua, en caso de accidente de trabajo) para revisión y, en su caso, remisión a especialista;

    2) Acudir a un médico privado de la especialidad que se corresponda con el diagnóstico realizado en el informe de urgencias;

    3) Ponerse en contacto con la compañía aseguradora del vehículo conducido u ocupado por el lesionado para solicitar asistencia médica y seguimiento de las lesiones.

    Recabar asistencia médica privada (que puede ser compatibilizada con alguna de las demás) es la más recomendable, condicionada a que se cuente con medios económicos suficientes para anticipar las facturas que emita el médico y, en su caso, la clínica de rehabilitación elegida.

    Las principales ventajas de esta opción son: libre elección del lesionado sobre el médico o clínica que le atiende; evitación de cualquier suspicacia sobre la calidad de los servicios a recibir al no estar condicionados a los conciertos o convenios que pueda tener esa clínica o profesional con la compañía aseguradora; fácil acceso a los informes y documentación relativa al tratamiento recibido.

    La principal desventaja ya la hemos adelantado: será necesario anticipar el coste de esa asistencia médica para reclamarlo junto al resto de la indemnización por los daños materiales y personales padecidos, lo que en algunos casos puede ser un impedimento definitivo para escoger esta opción, en cuyo caso posiblemente sea aconsejable ponerse en contacto con la compañía propia (o del vehículo donde se viajaba), pues las pólizas de seguro suelen incluir cobertura de asistencia sanitaria, designándose por la compañía uno o varios centros médicos donde recibir la atención necesaria.

    3. Intervención y seguimiento de la compañía contraria

    Es muy frecuente que, durante el proceso de tratamiento médico de las lesiones, el lesionado reciba alguna llamada telefónica de la compañía aseguradora del vehículo responsable del accidente, proponiendo revisión por sus servicios médicos.

    Esta revisión médica a instancia de la compañía “contraria” estuvo rodeada de polémica y debate durante muchos años, existiendo posturas diversas y enfrentadas sobre la conveniencia para el lesionado de aceptar o rechazar tal revisión y sobre las consecuencias de la eventual negativa, polémica que ha quedado despejada desde que en 2015 (por virtud de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre) se introdujo en la norma reguladora del sistema de valoración del daño corporal.

    Por tanto, debe el lesionado prestar tal colaboración y facilitar el examen por los servicios médicos ofrecidos por la compañía aseguradora del vehículo responsable, lo que, por otra parte y en experiencia de quien suscribe, facilita la posibilidad de alcanzar un acuerdo sobre el importe de la indemnización y una solución rápida y amistosa.

    4. ​ Alta, lesiones, reclamación y oferta motivada

    En función de las lesiones derivadas del accidente y al criterio del médico al que se haya encomendado el seguimiento y tratamiento de aquéllas, llegará un momento en que se produzca su curación o estabilización, lo que dará lugar a lo que comúnmente se conoce como “alta por curación” o “alta con secuelas”, respectivamente.

    Llegado este momento, es importante obtener del médico o centro que haya prestado la asistencia un informe final donde se recojan todas las circunstancias y eventos de tal asistencia, entre ellas el diagnóstico y consultas recibidas, el tratamiento prescrito (con especial trascendencia de la determinación del número de sesiones de rehabilitación, en su caso) y el resultado final del tratamiento, especificando si se ha producido la curación de las lesiones o, en caso contrario, identificando de la forma más detallada posible las lesiones permanentes o secuelas que han quedado.

    La obtención de tal informe será más fácil en el caso de que se haya optado por contratar asistencia médica privada  ajena a las compañías aseguradoras implicadas en el siniestro, pues éstas suelen negarse a facilitar ese informe: la compañía “contraria” se lo reservará hasta el momento de realizar la “oferta motivada”. Tampoco será posible obtenerlo en el caso de asistencia médica recibida en los centros dependientes de la Seguridad Social, en cuyo caso sólo estará accesible el historial médico.

    Si no es posible obtener tal informe y resulta necesario o conveniente para realizar el cálculo de la indemnización, siempre se pueden contratar los servicios de un médico especialista en valoración del daño corporal quien, previo examen del lesionado y de la documentación de que éste disponga, emita el informe que permita realizar la cuantificación del daño para su reclamación a la compañía aseguradora del vehículo responsable.

    Esto se realiza a través de lo que se conoce como “RECLAMACIÓN DE PERJUDICADO”, la cual debe tener el contenido mínimo previsto en tal norma (“identificación y los datos relevantes de quien o quienes reclamen, una declaración sobre las circunstancias del hecho, la identificación del vehículo y del conductor que hubiesen intervenido en la producción del mismo de ser conocidas, así como cuanta información médica asistencial o pericial o de cualquier otro tipo tengan en su poder que permita la cuantificación del daño.”) y permite interrumpir el cómputo del plazo de prescripción (un año) de la acción para reclamar, plazo que se computa desde la fecha de “alta” médica o estabilización de secuelas.

    La citada reclamación es obligatoria y, sin haber cumplido ese trámite, no se puede ejercitar acción judicial contra la compañía aseguradora del vehículo responsable del accidente.

    A partir de la fecha de remisión a la compañía aseguradora de la “reclamación de perjudicado”, comienza a computarse un plazo de tres meses dentro del cual la aseguradora deberá presentar “oferta motivada de indemnización” si considera acreditada su responsabilidad o respuesta motivada sobre el rechazo de su responsabilidad en el siniestro.

    Previa comparación de tal oferta con el informe propio y análisis de los conceptos en los que difieran los informes médicos, el paso siguiente es intentar negociar al alza esa primera oferta.

    Si la negociación concluye con éxito, la compañía abonará en un corto plazo la indemnización pactada (incluyendo los gastos de asistencia sanitaria), firmándose por el lesionado el típico finiquito y renuncia de acciones, lo que supondrá la conclusión del expediente.

    En caso de que no haya acuerdo, la compañía aseguradora tiene la obligación de abonar de forma incondicional el importe ofrecido, con referencia expresa al hecho de que la percepción de tal importe no implica la renuncia a acciones.

    5. ​ Intervención del Instituto de Medicina Legal

    En caso de disconformidad del lesionado con la oferta motivada, el lesionado podrá acudir directamente a la vía judicial, aunque existe otra opción que permitirá solucionar la controversia de forma más rápida y menos costosa, sobre todo en aquellos supuestos menos complejos tanto en lo que se refiere al tipo de accidente como a las lesiones producidas en el mismo.

    Se trata de la solicitud de informe al Instituto de Medicina Legal, que puede hacer el lesionado de forma unilateral y a cargo de la compañía “contraria”, existiendo para ello un formulario oficial que puede descargarse de la web del Ministerio de Justicia para su cumplimentación y posterior presentación:

    https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/solicitud-realizacion

    La ventaja de este informe es que rara vez es discutido por la compañía aseguradora que ha de indemnizar, teniendo también mucho peso en la decisión que pueda adoptar un Juez en un eventual procedimiento judicial, al tratarse de un informe que siempre va a considerar más objetivo e imparcial que los que puedan presentar las partes.

    Como desventaja puede quizás señalarse eso mismo: que el resultado de tal informe va a ser casi vinculante y definitivo, incluso en el supuesto de que ratifique o se aproxime mucho a la oferta motivada de la compañía.

    En la mayoría de supuestos es preferible a un procedimiento judicial largo e incierto y quizás costoso (por ejemplo porque no se cubran los gastos inherentes al mismo con la cobertura de defensa jurídica de alguna póliza o porque pueda darse algún tipo de condena en costas derivada de la desestimación de la reclamación).

    El informe emitido por el Instituto de Medicina Legal será comunicado a ambas partes (lesionado y aseguradora responsable), debiendo la aseguradora efectuar una nueva oferta motivada en el plazo de un mes, lo que suele hacer asumiendo el resultado del informe y ofreciendo el pago de la indemnización resultante del mismo.

    Con todo es recomendable la contratación de un abogado que preste el debido asesoramiento jurídico y se encargue de supervisar las gestiones a realizar (contratación que en muchos casos no conlleva desembolso alguno, al quedar amparada por la cobertura de “defensa jurídica” que tienen las pólizas de aseguramiento obligatorio de los vehículos).

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