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  • Primera sentencia favorable a un inversor del Banco Popular de la Audiencia Provincial de Barcelona

    CONSULTA LA SENTENCIA
    Barcelona, 14 de Marzo de 2019

    En su fallo del pasado 17 de enero, la sección 17ª de Audiencia Provincial de Barcelona sostiene que ni el perfil inversor ni el tipo de producto (las acciones son consideradas un producto de riesgo) son relevantes a los efectos de resolver las reclamaciones iniciadas por los inversores y accionistas de Banco Popular. Lo relevante es -subraya- analizar la información contenida en el folleto informativo emitido en la ampliación de capital de 2016 y determinar si, en relación a los hechos realmente ocurridos, los datos que figuran en ese folleto se correspondían con la efectiva situación real de la entidad bancaria. 

    Apunta el Tribunal que, conforme indicó el propio Banco Popular, la finalidad de la ampliación de capital era reforzar la rentabilidad y solvencia de la entidad. Y que, si bien se hablaba de la materialización de determinadas incertidumbres con efectos contables, se decía también que las posibles pérdidas contables quedarían cubiertas con el aumento de capital.

    De esta forma, como sostiene la Audiencia Provincial de Barcelona, la imagen que transmitía la entidad no era la de una posible quiebra de la misma, sino la de que ampliaba su capital con la finalidad de compensar las «inciertas» posibles pérdidas de 2016 y con una clara perspectiva de evolución positiva que, respecto al ejercicio de 2018, se preveía en términos muy favorables a los inversores que hubiesen participado en la compra de acciones.

    Refiere el Tribunal que -tras la referida ampliación- el Banco:

    • Informó de ciertos ajustes en sus cuentas bancarias sin un impacto relevante
    • Continuó, a través de los sucesivas comunicaciones oficiales, ofreciendo una imagen de solvencia y de cumplimiento regulatorio, llegando incluso a negar que se hubiese encargado la venta urgente del Banco, que existiese riesgo de quiebra del Banco y que el Presidente del Consejo de Administración hubiese comunicado a otras entidades financieras la necesidad inminente de fondos ante una fuga masiva de depósitos (hecho relevante de 11 de mayo de 2017).

    A pesar de eso, la realidad de lo que sucedió es ya conocida por todos. El 7 de junio se declaró la inviabilidad de la entidad, su resolución y la venta a Banco Santander por un euro.

    Concluye el Tribunal que los hechos han confirmado que la situación financiera que se reflejaba en el folleto informativo no se correspondía con la situación económica financiera real y que el demandante, como inversor no profesional, no dispuso de elementos suficientes para poder advertir cuál era la situación real. Fue después, y en un muy breve lapso de tiempo, cuando se tuvo noticias de la existencia de unas perdidas muy superiores a las que constaban en el folleto informativo, se declaró la inviabilidad de la entidad, se procedió́ a su intervención, se acordó́ la amortización de las acciones a valor cero, y se efectuó́ su transmisión por importe de un euro.

    El magistrado afirma, además, que la entidad demandada no ha aportado una explicación razonable que justifique que su evolución negativa fuera debida a causas no presentes o previsibles cuando se emitió́ el folleto informativo.  Se rechaza así la línea de defensa de Banco Popular basada en que el declive que llevó a la resolución de la entidad fue un problema de falta de liquidez y no de solvencia motivado por la fuga masiva de depósitos que se produjo, según la entidad, en los días previos a su resolución.

    Así, a juicio del tribunal, el elevado volumen de pérdidas no puede atribuirse a un problema puntual de liquidez, sino a una clara situación de falta de solvencia que fue determinante para que el Banco Central Europeo acordase su intervención con la consiguiente pérdida absoluta del valor de las acciones.

    El folleto informativo apuntaba a una mejora de la situación financiera y no a la situación de insolvencia que se produjo en menos de un año. Por tanto, no respondía a la real situación económica y financiera de la entidad. No puede negarse que el banco ofreció́ una imagen falseada, presentándose como solvente pese a que ya sabía que no lo era.

    En este supuesto, la información falseada ofrecida por el Banco Popular en el folleto informativo implica que no se ha acreditado que en el momento de la contratación el cliente tuviera un conocimiento suficiente de la situación económica y financiera de la entidad y de las repercusiones que esa situación tenía en las acciones a adquirir.  Debe concluirse, por tanto, que el contrato de adquisición de acciones es nulo por vicio de consentimiento y por eso se ha condenado a la entidad a devolver al cliente su inversión

    LEAN Abogados

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